Los índices de concentración del ingreso producidos por la CEPAL, el Banco Mundial, o la CIA, ubican a Colombia en las peores posiciones del ranking, compartiendo en nuestro hemisferio este “honor” con Haití, Bolivia y Honduras y, fuera de este, con Lesotho, Namibia, Sierra Leona, Suráfrica, Botswana y la República Centroafricana. La conclusión es obvia: por décadas, nuestras políticas públicas han reproducido una desigualdad extrema –inhumana- que compromete el fundamento ético de nuestro Estado.

Esa concentración de recursos tiene parte de su origen en la disfunción de nuestro mercado laboral. En efecto, como resultado de ésta disfunción, hoy 16 millones de compatriotas conforman familias dependientes de subempleados o desempleados, que no logran prosperar aún a pesar del dinamismo de nuestro PIB; que sobreviven sin demandar, sin consumir, sin tributar, apoyadas en la asistencia estatal o en la limosna privada. Desde la fría perspectiva de la Economía Pública, son compatriotas que sólo impactan los Pasivos y Egresos de las cuentas nacionales.

Mientras nos regocijamos con el crecimiento de la economía o de la Inversión Extranjera –puras metas volantes-, ponemos en un segundo plano la meta mayor, que debería ser una vida digna para los colombianos. Así, economista que se respete enarbola su preocupación por el ajuste fiscal, supeditando a éste el pago de la deuda moral que tenemos con los que apenas sobreviven.

Grupo de interés que se valore se esfuerza en mantener las ventajas, exenciones o beneficios ganados con los años. Al final, es difícil que alguien ceda algo de lo suyo, a pesar de que pocos cambios bastarían para liberar recursos para erradicar la pobreza.

El proyecto de Reforma Tributaria, hoy a consideración del Congreso, trae apartes que ilustran esas conductas. Uno de ellos es la propuesta de sustitución de las rentas de destinación específica (parafiscales) que hoy financian al Bienestar Familiar y al SENA, por recursos generales del presupuesto, de igual monto.

Por definición, esta propuesta no afecta el monto de los recursos futuros del SENA o del Bienestar Familiar –que seguirían siendo los mismos-, mientras que sí reduciría las cargas laborales de las empresas que están impidiendo la creación de mejores empleos y fomentando la informalidad.

Aunque debería ser una propuesta de fácil trámite, ya aparecen grupos de estudiantes e instructores del SENA argumentando sin fundamento contra ella, y con el correr de las semanas se contarán por decenas los congresistas que encontrarán en el respaldo a estos movimientos la oportunidad de futuros apoyos electorales.

También veremos a las confederaciones sindicales apoyando desde su “Zona de Confort” a instructores y estudiantes, sólo para asegurar los aportes que periódicamente reciben del sindicato del SENA. Desde sus diferentes perspectivas esos tres frentes –funcionarios y estudiantes del SENA, confederaciones sindicales y congresistas- acudirán a todas las herramientas disponibles para que se mantenga el “statu quo”, sin consideración alguna a la necesidad de crear mas empleos de mejor calidad (que, de paso, debería ser la prioridad del estudiantado).

Por su parte, el Gobierno también aporta su dosis de insensatez. En efecto, mientras plantea la reducción de la carga sobre el empleo formal que generan los aportes al SENA y al Bienestar Familiar, mantiene los más gravosos que se destinan a las Cajas de Compensación.

¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué unos gravámenes sobre las nóminas de las empresas son malos –los destinados al SENA y a Bienestar Familiar-, mientras que el destinado a las Cajas de Compensación no? Averígüelo Vargas, ojalá escrutando los entramados del dañoso lobby, o los de la política tradicional.

No se trata de cuestionar la labor que sin duda han prestado algunas de las cajas de compensación. Se trata mas bien de que podamos adaptar nuestro Estado a las prioridades de la sociedad, que en este caso pasan por la urgencia de erradicar el desempleo y el subempleo crónico que la afecta.

Y, de paso, que logremos el acceso a la evaluación periódica de la labor de dichas Cajas, del SENA y del Bienestar Familiar, y del impacto social que de ellas debemos derivar. Al fin y al cabo estamos hablando de la “bicoca” de USD 6 billones anuales que, bien usados, ayudarían a que la informalidad, la pobreza o la miseria de 16 millones de compatriotas, quede como una historia del pasado, sin que para ello tengan que comprometerse las metas fiscales que tanto preocupan a nuestros economistas.