Perversa, por el arreglo institucional vigente, que prohijó el desequilibrio de poder entre el partido del candidato presidente y las demás campañas. Se hizo evidente que se sigue haciendo hasta lo imposible para que nuestra democracia no madure y, lo que es peor, se mantenga en ese estado. Aún estamos lejos de otras sociedades donde la ciudadanía debate y el candidato presidente confronta. El saldo, al culminar esta contienda, es una democracia mal herida, al no permitir que el elector disponga de información suficiente y de calidad sobre lo que cada candidato propone.

Ese desequilibrio y concentración de poder se ha habilitado con la posibilidad que tiene el candidato presidente, de tener todos los medios a su disposición, empezando por la mayor y mejor exposición a los medios de comunicación en su condición de presidente. Esto para señalar solo una de las ventajas, y evitar meternos en ese laberinto de la compra de conciencias mediante acciones que, en apariencia, son propias del ejercicio gubernamental. Esta estrategia le permitió rehuir el debate entre los candidatos y reemplazarlo por la cuña publicitaria.

Y claro, es evidente que en la cuña publicitaria se dice todo lo bueno y no se muestran los ángulos débiles de una determinada propuesta, terminándose, al final de los tiempos, en enunciados que no tienen respuesta en contrario (quién no quiere la paz, quién no quiere acabar con las inequidades sociales, quién no quiere mejores servicios, o mejorar el campo, etc.), obligando a los demás candidatos a seguir el mismo esquema. Táctica que complementó con otras armas nada plausibles, en escenarios en donde en solitario, tuvo la oportunidad de desmeritar y hasta despotricar de otras campañas. Así si es fácil.

Esquemas que se aderezaron –con el mismo fin de evadir el debate sobre los problemas que aquejan a los colombianos–, con la zancadilla política y hechos de corrupción.

Estas armas premiaron la superficialidad de la información, a sabiendas que de estos eventos solo quedan las lamentaciones. Basta observar uno de los más sonados y perversos casos de corrupción -el de los contratistas de Bogotá con alcalde de izquierda a la cabeza-, que destruyó posibilidades de crecimiento al país al parar literalmente la construcción de importantes y grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional, o los que se investigan sobre financiación de una campaña, que junto con la indefinición de pensamiento de las bancadas políticas, ha minado la confianza de los colombianos en el sistema democrático.

De esta manera los electores no tuvimos la oportunidad de llegar a las urnas con la información de calidad que se origina en la confrontación de tesis en los debates. Se

cercenó así el derecho que tiene el elector para valorar propuestas.

Por eso tiene razón uno de los representantes de la narcoguerrilla en La Habana, cuando afirma que observa con preocupación en algunos candidatos una de las conversaciones y los avances del proceso de paz. Tiene razón porque junto con los candidatos a que se refiere, el resto de los colombianos tenemos ese mismo nivel de ignorancia. Llegamos a unas elecciones presidenciales en donde el candidato presidente enarboló la bandera de la paz, sin que los colombianos supiéramos realmente hasta dónde ferió el país con el grupo narcoterrorista. Suponemos que en la obnubilación que genera el poder, no importa el costo de la transacción. Cuando se den los verdaderos resultados, ya será un octogenario lleno de medallas, que ni siquiera se acordará de nada y menos se le podrá imponer castigo alguno. Ejemplos sobran.

Aprovechando ese marco impuesto, el candidato Peñalosa utilizó la misma vía, casi rayando con el estilo de “pescar en rio revuelto” para no mezclarse con “la politiquería”. Su posición frente a los graves problemas que afronta el sector rural no comportaron un suficiente compromiso; sus propuestas no fueron claras, vistosas y representativas, como el color de su bandera.

Para no ir lejos, con Santos y Peñalosa, y si nos apuramos más, con Clara López, tendremos literalmente en la siniestra del Gobierno, a los máximos representantes de la destrucción del sector rural.

Todos los candidatos quieren, indudablemente, la paz. El resto de colombianos, también queremos la paz. El problema es, entonces, el costo institucional derivado de la diferentes propuestas de los candidatos para obtener la paz, y de la mano de este, el costo en desarrollo económico que subyace por el complejo entorno económico internacional al que Colombia se suscribió, querámoslo o no.

No pasó lo mismo con Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga, quienes expresamente se opusieron a que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, sean elegibles en cualquier cargo de elección popular, en referencia directa a los cabecillas de las Farc, y quienes, junto con Clara López, aceptaron la confrontación pública.

En ese escenario los vimos con la camiseta del campo puesta. A Óscar Iván Zuluaga, con la camiseta del ganadero al hablar del Fondo Nacional del Ganado (FNG) y comprometerse a renovar el contrato que tiene actualmente Fedegán para el manejo de esta cuenta parafiscal, el cual tiene una vigencia de 10 años y está establecido por ley, porque parte de la premisa cierta, de la transparencia que le ha dado Fedegán al manejo de estos recursos.

No es un respaldo suelto o de compromiso. Zuluaga tiene claro que hay que recuperar la maltrecha institucionalidad. Afirma que “uno de los grandes daños que está causando el actual Gobierno en La Habana, es la desinstitucionalidad del país. Zuluaga tiene claro que el éxito del desarrollo privado es con la representación gremial, pues este canal de expresión hace posible que un sector tenga reconocimiento en política pública y social.

La historia y los ganaderos que se han beneficiado con la gremialidad de Fedegán por más de 50 años, y con el manejo transparente que Fedegán le ha dado al FNG durante 20 años, así lo confirman.

Eso no se puede desconocer. En fin, en ese maremágnum en que se convirtieron las elecciones, hay una esperanza para Colombia.