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La JEP quiere destruir la relación que existe entre el CNMH y el ICOM. Quiere que el CNMH se relacione más bien con un grupo poco conocido, alternativo y politizado, de museos que, además, le dio la espalda al CNMH cuando supo que éste no estaba dirigido por un marxista.
La providencia de 41 páginas que prepara ese allanamiento ya circula en la prensa, pero la JEP no la ha notificado al CNMH. Ese juego solapado de anunciar indirectamente el arbitrario golpe a un establecimiento público de orden nacional, sin notificar oficialmente al interesado, muestra el estilo brutal, execrable, digno de las tiranías cubana y venezolana que emplea la JEP contra la ciudadanía.
Eso ocurre hoy en Colombia. ¿Podemos aceptarlo?
Para obtener la información citada, la JEP no necesita acudir a semejantes leñazos. Podría pedirla gentilmente, como hacen las autoridades de los países civilizados. Pero no lo hace, aunque dice que está adelantando una investigación administrativa ordinaria.
La JEP está aprovechando el beato espejismo creado en estos días por ella misma para cumplir una tarea bien obscura contra el Centro de Memoria Histórica y su director, el profesor Darío Acevedo Carmona.
Bastó que la magistrada Julieta Lemaitre llamara a Timochenko, y a otros siete jefes de las FARC, a declarar lo que quieran sobre sus trayectorias criminales —donde negaron de paso que el gobierno Samper tuviera algo que ver con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado—, para que algunos dijeran: la JEP se ha enderezado, la JEP ahora sí sancionará a los jefes de las FARC.
Vana ilusión. La JEP no ha cambiado. Ella puso en práctica un escandaloso sistema para evitar el juzgamiento y castigo de criminales de guerra y de lesa humanidad y para acordarles, por el contrario, excarcelaciones, permisos de viaje, inmunidades, perdones, indultos y amnistías. Nadie olvida lo que hizo la JEP en favor del prófugo jefe de las FARC Santrich.
Los que creen que la JEP, con un nuevo presidente, cambió de rumbo, deben observarla con más atención. Esa polémica oficina sigue sin ceder un ápice su persecución contra el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo Carmona.
¿Cómo pueden los partidos de gobierno y el presidente Iván Duque ver con indiferencia esas maniobras repugnantes contra un centro de estudios y de memoria creado para hacer luz sobre la violencia en Colombia?
Una corta nota en la página web de una radio bogotana (1) informó que la JEP está conminando al profesor Acevedo a que explique un asunto tan enigmático como inverosímil. La W asegura que la JEP emplazará “en los próximos días” a Acevedo para que responda “por señalamientos” relacionados con la colección Voces para transformar a Colombia. ¿Qué señalamientos? Nadie sabe nada y la radio se abstuvo de averiguar.
El CNMH tiene nada que ver con la problemática que aborda la JEP. El CNMH es un instituto de investigación histórica, un centro de pensamiento y de documentación, que debe poder trabajar en la mayor serenidad, en total libertad intelectual y sin esbirros soplándole amenazas sobre sus espaldas.
Desde que fue nombrado por el presidente Duque, en enero de 2019, el profesor Darío Acevedo está en la mira de la JEP. Esta le ha montado un expediente difamatorio sin que eso conmueva al gremio de historiadores de Colombia. La JEP quiere ponerle “medidas cautelares” al director del CNMH y, como si éste hubiera cometido una infracción, quiere sancionarlo con una destitución humillante. ¿Por qué tanto odio? Por nada. O sí, porque a las FARC no les gusta ese director. Entonces la JEP lo agrede para que renuncie. Pero el funcionario antioqueño no es de los que se deja atropellar sin resistir.
El 9 de julio de 2020, el CNMH declaró que “no ha alterado el guión museológico que hasta el momento se ha construido, ni ha desconocido derecho alguno a la memoria (individual y colectiva) de las víctimas del conflicto armado interno” (2).
Como la JEP no ha logrado probar lo contrario ahora afirma que “unas víctimas” (¿cuáles?) consideran que el CNMH le hizo “modificaciones irregulares” a una colección de fotografías. La acusación sería ridícula en otras circunstancias. Pero no aquí. Con ese pretexto unos activistas, dirigidos por el senador comunista Iván Cepeda, pretenden desorientar el trabajo del CNMH. Exigen que los “relatos” particulares de ellos se conviertan en la línea editorial del CNMH y que los “relatos” de las víctimas, sobre todo de las ocasionadas por las FARC y sus satélites, pasen a un segundo plano, gracias a las insólitas presiones en curso.
La prensa dice que la JEP piensa reunir “testimonios” a marchas forzadas para “cerrar el debate probatorio”, es decir sin respetar el estado de emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de la COVID. ¿Por qué tal precipitación? La respuesta obvia es: porque al activista Cepeda le urge la destitución del profesor Acevedo.
Todo eso es inaceptable. La JEP no tiene competencia para hacer esas cosas. Su injerencia en los asuntos del CNMH es abusiva y loca.
En círculos periodísticos, la JEP disemina la idea que lo que hace contra el CNMH no es un proceso judicial. No obstante, en la razzia intervienen cuatro magistrados de ese organismo. Ellos ordenan allanamientos de oficinas, decomiso de computadores, violación de correspondencia, toma de archivos y virajes administrativos. Como si estuviera en juego la seguridad del Estado o del hemisferio. No sabemos si todo eso es más ridículo que perverso.
En todo caso, el panorama que ha creado la JEP es vergonzoso. No parece que la fuerza del Derecho inspirara esa actuación, sino el derecho de la Fuerza.
(1).- https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/jep-llamo-al-director-del-centro-memoria-dario-acevedo-a-responder-por-polemica-coleccion/20210211/nota/4109012.aspx