Grandes expectativas por cuanto propone un nuevo arreglo institucional para el campo, en el cual es fundamental –como se señala en el Documento– que el Gobierno Nacional establezca con claridad, desde un principio, las políticas públicas rurales y los bienes y servicios que forman parte de la oferta institucional para el desarrollo rural y agropecuario.

La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo llevan los usuarios del sector rural pidiéndole a los diferentes gobiernos el establecimiento de una política pública para el campo? ¡Muchos, pero muchos años! No se ha logrado siquiera un acercamiento a tal propósito pese a los enunciados que sobre este aspecto se ha prometido en los diferentes planes de desarrollo.

Una segunda, ¿por qué creer en un proyecto de esta naturaleza, cuándo se decía lo mismo en la pasada Misión Rural, ya hace 18 años?

Produce desasosiego observar que en la introducción del documento de esa época, se decía prácticamente lo mismo. En ese entonces la Misión rural se enfocó en la perspectiva regional, señalando que el gran desafío de la democracia colombiana de finales de siglo sería el reconocimiento de la gran diversidad regional; que nuestra sociedad tenía pendiente la configuración de un mapa político, económico y cultural que mostrara en toda su magnitud la heterogeneidad de sus territorios y la pluralidad de las formas de vida. Se hablaba también de que el camino para transitar hacia el proyecto nacional pasaba ineludiblemente por la solución de los problemas del campo.

Hoy, casi 20 años después, estamos hablando de un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo. Hemos perdido esos años, hablando y reclamando lo mismo. ...la pobreza, la reforma agraria integral (hoy Desarrollo rural integral), los problemas institucionales, en fin. De pronto lo nuevo es que en el documento de ahora se ha añadido el ingrediente de un desarrollo rural ambientalmente sostenible.

Y siguen más preguntas que van inclinando la balanza hacia el lado del pesimismo. ¿Con qué plata se saldará la deuda histórica con el campo, si el presupuesto estimado es de $13 billones por año? Si se le pregunta al actual ministro de Hacienda, su respuesta no se hace esperar: ¡con más impuestos! Y si se mira la propuesta del nuevo documento, pues con el reordenamiento de las Participaciones. Pero una cosa es tener un pobre presupuesto en el Ministerio de Agricultura, de apenas un poco menos de 3 billones (sin contar con la ayuda del impuesto a las transacciones financiera que este año ya no va más), y otra es buscar los 10 billones de pesos adicionales cada año durante los 15 años siguientes. Eso no es serio. Eso le resta credibilidad a un trabajo de interés nacional.

Finalmente, llama la atención, al hablar de la informalidad de la propiedad, la contradicción entre el diagnóstico y la promesa. En el primero se dice que “Los hogares acceden a tierra en proporciones insuficientes para desarrollar sistemas productivos sostenibles”, refiriéndose al microfundio y al minifundio, y, en la segunda, cuando se habla de inclusión, se enfatiza en el subsidio para la reconstitución de micro y minifundios. Al fin, ¿sí o no?

Pero a la gente hay que creerle, y en la nueva misión rural, las propuestas para un nuevo arreglo institucional del campo prometen intentar mover al paquidérmico Estado, aunque su puesta en la práctica no luce tan fácil como armar el cubo Rubik. Esa será la tarea que deja la Misión Rural para elevar la eficiencia del gasto público. ¡A la Misión hay que creerle!