El diablo está en los detalles, y en los acuerdos tiene el nombre de impunidad para el narcotráfico.   Existe un dicho según el cual el ‘diablo está en los detalles’. Bajo esa premisa, vale la pena hacer una lectura detallada del capítulo denominado ‘Solución al problema de las Drogas Ilícitas’, contenido en los acuerdos en La Habana.

Concretamente, en la página 91 se habla de “El compromiso de las Farc-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con ese fenómeno”. 

Está claro, al leer el párrafo, que las Farc ahora obrarán de ‘grupo antidrogas’, y que cualquier relación que hubieran podido tener tangencialmente con el narcotráfico, obedece eventualmente al desarrollo de la rebelión. En pocas palabras, desconocen que son una organización dedicada al negocio de las drogas y que ha operado como un cartel reconocido por organismos internacionales, dando a entender que su relación con las drogas ilícitas es lejana y pueril.

¿A qué se debe la inocencia de las Farc? Sencillamente, a que pretende quitarse, por arte de magia, cualquier sindicación con el narcotráfico y buscar que su relación en función de la ‘rebelión’ sea amnistiable bajo la conexidad con el delito político. 

¿Cómo pretenden la amnistía del narcotráfico? A través del Artículo 39 del Acuerdo de Justicia, que señala sutilmente como criterio de conexidad con el delito político “las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar y ocultar el desarrollo de la rebelión…”. Es decir, convierten el delito autónomo de narcotráfico como una condición famélica para financiar la exigente tarea de ‘la rebelión’.

La lectura de los 2 artículos evidencia por qué no existe ningún compromiso de las Farc, reconociendo sus actividades de narcotráfico, donde entreguen las rutas de sus negocios, los laboratorios, los abastecedores de precursores químicos, los socios en la cadena logística, las conexiones de lavado de activos y las caletas de sus actividades.

Estamos, entonces, ante un proceso particular en el cual el narcotráfico de las Farc recibe un tratamiento diferenciado frente a los demás carteles de la droga en nuestro país, e incluso da el mensaje que el ‘narcotráfico rebelde’ paga porque logra mimetizarse en el discurso político. 

Atrás quedarán las denuncias de la DEA, los nexos denunciados por México entre sus tenebrosos carteles y las Farc, la evidente relación umbilical con el Cartel de los Soles en Venezuela, o los carteles del Brasil, que han aumentado sus corredores en la Amazonía. La redacción de los acuerdos está abriendo unas puertas de impunidad que golpean las instituciones.

Los acuerdos en La Habana cierran con broche de oro al incluir un proyecto de Ley de Amnistía que define en su Artículo 7, los delitos conexos como “…aquellos calificados como delitos comunes” que sirvan para facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. 

El diablo está en los detalles, y en los acuerdos tiene el nombre de impunidad para el narcotráfico.