Qué difícil el tema de las armas y del derecho a tenerlas y portarlas, que Fedegán defendió cuando asesinaban, secuestraban y extorsionaban ganaderos por doquier, hasta la llegada de la Seguridad Democrática y la recuperación del campo a partir de 2002.

Qué difícil hablar de armas cuando se carga el estigma generalizador del “ganadero paramilitar”, impulsado por las Farc y por la izquierda durante años; una ofensa a la dignidad de 600.000 colombianos dedicados a la ganadería y víctimas desde siempre de la inseguridad rural.

Habíamos arriado esa bandera y mantuvimos una posición distante frente al debate, pero lo cierto es que la seguridad Democrática, que había llegado para quedarse, se fue rápidamente con la elección de Santos, no solo por su interés en “ganarse la confianza” de las Farc, sino en desmarcarse de su antecesor y de sus propias ¿convicciones?, como ministro de Defensa.

Sin la Seguridad Democrática y, bajo la presión de las Farc, de Chávez y de Correa, se prohibió la aspersión aérea y el narcotráfico resurgió violento para garantizar el control territorial en los campos y del microtráfico en las ciudades, con armas que entraban a granel por las fronteras, mientras Santos, otra vez presionado por las Farc y por la paloma en la solapa para lucir con el Nobel, a finales de 2015 modificó un decreto de 1993 para hacer imposible el porte legal de armas, y con ello desarmó a quienes no debía desarmar, a los ciudadanos de bien, con una medida temporal que se volvió permanente.

En efecto, año tras año, con el mismo “corte y pegue” de una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual “el porte de armas promueve la violencia…”, se ha promovido la violencia contra ciudadanos inermes, por parte de bandidos de todas las calañas que los saben indefensos; que si el ciudadano tuviera como defenderse…, otro gallo cantaría…

Las cifras no mienten. Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes, redujo los homicidios en 49% desde 1993. En Colombia, en 2015 hubo 11.585 homicidios, 9.137 con armas de fuego, y en 2020 hubo 12.016, de los cuales 9.107 fueron con armas de fuego. ¿Qué ha mejorado? Nada. ¿Cuántos se habrían evitado si los bandidos sospecharán siquiera que su víctima potencial estaba armada? Esa es la pregunta.

En 2020 hubo, además, 95.636 hurtos a personas; 11.776 al comercio, 2.860 vehículos robados y 8.628 motocicletas. El comercio está asediado por la extorsión y el atraco; el campo está asediado por la extorsión y el abigeato, y ya volvimos al macabro conteo de nuestros muertos. En Bogotá, el efecto combinado de microtráfico, migración, pandemia, desgobierno y falta de conexión de la alcaldesa con la Policía Nacional, nos ha llevado a una aterradora situación de inseguridad.

El problema no son las armas legales, que hoy están guardadas; el problema son las armas ilegales que paga el narcotráfico. Según el CERAC, antes de 2016 había 900.000 armas con permiso y 2,5 millones de armas ilegales, pero según “The Small Arms Survey”, para 2017 eran ¡más de 4,2 millones!

Igual muchas. ¿Quién las tiene? Las disidencias, los elenos, los pelusos, el Clan del Golfo, los ladrones de celulares y bicicletas, y los miles de microtraficantes de barrio. Ninguno necesita el “permiso especial” que se inventó Santos para desarmar a los que no debía.

Creo en el monopolio estatal de las armas y creo en nuestra Fuerza Pública, pero ante una situación de violencia desbordada, creo también en el derecho constitucional a la legítima defensa, que a ningún hombre libre se le puede negar.

@jflafaurie