¿Cuándo va a cesar el desmonte de la fuerza pública? ¿Hasta cuándo tendrá que pagar Colombia por las aberrantes doctrinas que dominan las mentes de los gobernantes de turno?

El video que difundió la revista Semana muestra cómo terroristas no identificados lograron, sin disparar un tiro, entrar y hacer explotar dos carro-bombas dentro de la XXXIII Brigada del Ejército en Cúcuta, causándole heridas a 34 militares y dos civiles. “El atentado podría ir dirigido contra los 11 militares norteamericanos que estaban trabajando (en esa base) con las fuerzas colombianas en varios temas de seguridad”, afirmó RCN Radio basada en fuentes “de inteligencia”.

El documento sensacional de Semana muestra la decrepitud en que han caído los sistemas de seguridad de las fuerzas armadas de Colombia, como fruto de las decisiones aberrantes que tomó JM Santos durante sus ocho años de gobierno. Lo que ocurrió en Cúcuta es un resultado más de esa política suicida de la que son también corresponsables los dos otros poderes.

Santos abandonó la política de la seguridad democrática, cambió la doctrina militar del Ejército, desmontó los dispositivos más exitosos de la lucha anti terrorista y anti narcóticos, sobre todo en materia de inteligencia militar, impuso reglamentos absurdos a los combatientes que los llevó al desarme y a la humillación ante turbas armadas, acabó con el fuero militar, destituyó sin razón numerosos altos mandos militares, etc. Todo ello porque él debía cumplirle a La Habana y al perverso pacto Santos/Farc.

En lugar de corregir ese desmantelamiento sistemático, el gobierno de Iván Duque acató lo hecho por Santos y continuó cediendo. El desarme físico y psicológico de la fuerza pública desembocó en la serie de “paros cívicos” violentos desde 2017 hasta llegar al desastre nacional de alzamientos y destrucciones de los últimos 50 días que mostraron una vez más la incapacidad del gobierno para vencer la violenta ofensiva. Si Duque hubiera declarado la conmoción interior para proteger al país probablemente el atentado de Cúcuta había sido impedido o limitado.

Las imágenes de una rústica cámara de seguridad a la entrada de la Brigada 33, que muestra la periodista Vicky Dávila revelaron, en efecto, la errada (y quizás rutinaria) respuesta de un soldado que vigila la entrada y salida de automotores de esa importante Brigada, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela.

Vemos allí que el soldado realizaba su labor en condiciones escalofriantes: está desarmado, sin chaleco antibalas, sin casco y sin la mini cámara de video reglamentaria para ese tipo de controles. El hombre no hace un solo gesto profesional para impedir la entrada de explosivos a la Brigada: no dispone de la simple barra-espejo que permite examinar la tracción del vehículo y carece –y eso es lo más escandaloso–, de perros especializados en la detección olfativa de explosivos, técnica utilizada en los aeropuertos de las grandes ciudades. El soldado lleva un tapabocas negro y un chaleco naranja de motorista.

La cámara muestra la llegada de una camioneta blanca Toyota. El soldado se acerca a la ventanilla del chofer, intercambia unas breves palabras con él, abre enseguida la puerta del baúl, la cierra y da verbalmente al chofer el permiso para entrar al campo militar. La ubicación de la única cámara no permite ver el contenido del baúl, ni si el soldado examinó manualmente o si sólo dio una mirada superficial al contenido de ese espacio.

El vidrio delantero y los vidrios laterales del carro-bomba eran notablemente opacos. Pero eso no inquietó al soldado. En cambio, la misma cámara deja ver una parte del interior de los vehículos que pasan por la misma calle.

No se ve que el soldado le pida identificación alguna o documentación especial al chofer. Lo deja pasar sin más, como si fuera alguien que él conoce. ¿Ese fue el caso? ¿El soldado es cómplice del conductor? ¿Sólo negligencia es lo que explica su extraña conducta? La investigación lo dirá. La camioneta no era de la Brigada. En todo caso, la única cámara que filma la entrada de la Brigada no podía captar la fisonomía de ninguno de los choferes que entran a ese espacio militar. Increíble.

Según las investigaciones de las autoridades, la camioneta llegó a las 12h35, del 15 de junio, entró y fue estacionada frente a una enfermería. Dos horas y 15 minutos después, el chofer cambió la destinación de su carro-bomba: lo inmovilizó ante la oficina de inteligencia militar de la Brigada. Hizo eso sin ser inquietado por nadie. A las 14h50, el terrorista salió a pie, tranquilamente, por la puerta principal de la Brigada. Nadie controló su identidad. A las 15h01 explotó el primer carro-bomba. Tres minutos después explotó el segundo. Balance: 36 personas heridas. Tres de ellas tuvieron que ser operadas.

Al día siguiente, el presidente Duque y Diego Molano, ministro de Defensa, tras visitar la base, estimaron que se trataba de un atentado contradiciendo así a un senador que había sugerido que era un auto atentado. El gobierno anunció que la Fiscalía General de la Nación y otros organismos oficiales, investigan que pasó. Indicó que un Teniente General y dos Coroneles habían sido relevados de sus funciones por los errores cometidos en la protección de esa Brigada. Peor: otras fuentes dicen que Duque tendría una lista de siete militares que estarían “implicados” en el atentado.

Washington hizo saber que abriría una investigación pues había soldados estadounidenses en la guarnición atacada. Sin duda, esa explosión tendrá repercusiones internacionales negativas para Colombia. Eso es lo que buscan los enemigos de la colaboración militar entre Colombia y Estados Unidos. Esa oposición es dirigida en el Senado por dos jefes extremistas: Iván Cepeda y Gustavo Petro. El primero condenó el atentado. El segundo toma su tiempo.

Dos días después del atentado, hubo un segundo golpe terrorista: tres policías fueron heridos en una emboscada tendida por bandidos en Saravena, Arauca, región fronteriza con Venezuela donde siembran el terror dos frentes de las FARC y el ELN. Algunos medios atribuyen al ELN el atentado de Cúcuta.

¿Qué pensar de todo esto? Francamente, alguien tiene que ponerle fin a ese desmadre. ¿Cuándo va a cesar el desmonte de la fuerza pública? ¿Hasta cuándo tendrá que pagar Colombia por las aberrantes doctrinas que dominan las mentes de los gobernantes de turno?