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Pero claro, también hay que agregar a mucha gente víctimas del conflicto armado, el flujo migratorio, y el contrabando, entre otros aspectos.
También hay que decir las cosas por su nombre: muchas empresas prefieren mantenerse en la informalidad para no tener que pagar prestaciones sociales ni asumir las cargas tributarias.
Con ocasión del anuncio del Gobierno, en el sentido de que en próximos días presentará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral, el cual busca apuntar hacia la formalización empresarial y de los trabajadores, es oportuno referirme a las estadísticas publicadas por el DANE sobre la informalidad laboral.
La entidad estableció que para enero de 2023 había 21,49 millones de trabajadores, de los cuales 9,03 millones eran formales y 12,46 millones informales. Estos resultados quieren decir que casi 6 de cada 10 trabajadores tienen trabajos que no les garantizan, por lo menos, sus aportes a la seguridad social.
Para las estadísticas se considera trabajador informal el que labora sin acceso a salud, pensión, salario, riesgos laborales, derecho a pensiones, cesantías, caja de compensación familiar y vacaciones. Y en el caso de las empresas informales son las que no están inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.
La región Caribe mostró los más altos indicadores de informalidad en las ciudades de Valledupar (68,3%), Riohacha (67,8%) y Sincelejo (65,9%), lo cual también tiene relación directa con el nivel de desarrollo de dichas ciudades.
¡Eso es mucha gente en las calles trabajando al rebusque!
Resulta paradójico que las ciudades de Riohacha, Valledupar y Sincelejo estén asentadas en territorios que tienen todas las posibilidades para crear fuentes de empleo y promover su desarrollo en el comercio, la agricultura, la construcción y el turismo, entre otros aspectos, pero desgraciadamente les ha tocado tener los alcaldes más ineptos, con intereses personales contrarios a los de resolverle los problemas de la gente. Llegan a los gobiernos es a enriquecer sus patrimonios personales.
La gente tiene que verse obligada a trabajar en lo que encuentre para poder sobrevivir en el comercio ambulante, la construcción, servicios domésticos y mototaxismo, entre otras formas de trabajo con objeto y causa lícitos, pero sin ninguna vinculación legal porque esos gobiernos municipales no apoyan ni promueven iniciativas que permitan vincularse a la formalización del trabajo, y por eso no tienen acceso a beneficios como la seguridad social, el seguro de salud y las prestaciones laborales.
Aunque también hay que decirlo: la gente prefiere no trabajar de manera formal, es decir, no tener un contrato de trabajo, para acogerse a la oferta de subsidios del gobierno nacional.
La informalidad laboral en Riohacha, Valledupar y Sincelejo, se empieza a resolver construyendo políticas públicas que promuevan la creación de empleo formal, la capacitación y educación de los potenciales trabajadores, formalizando los negocios y promoviendo la protección social de los trabajadores informales. En esto hay que fomentar la colaboración entre el sector público y privado.
Y no es como algunos piensan que, para controlar la informalidad, hay que ejercer la autoridad para no permitir la ocupación del espacio público. Creo que están equivocados porque de nada sirve controlar el espacio de los vendedores ambulantes si es que no tienen otra forma para ganarse el pan con el sudor de su frente. De cualquier manera, tienen que hacer algo para mantener sus familias.
Pero también se resuelve reflexionando con respecto a las elecciones, como las de octubre, y pensar en apoyar a personas con suficiente capacidad, comprometidas y honestas. Eligiendo personas que no vayan a llegar a los gobiernos a robar y hacer negocios personales con el apoyo de su entorno familiar. Que se construya una hoja de ruta para el desarrollo y que tenga continuidad independiente del gobernante de turno.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí...
@LColmenaresR
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