La hora de las energías alternativas

Colombia había dado el primer paso en el 2001 con la expedición de la Ley 697 para promover el uso racional y eficiente (URE) de la energía. El Congreso de la República aprobó la Ley 1844 de 2017 ratificando el Acuerdo de París. Colombia promovió los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los adoptó y adaptó a través del CONPES 3918 de 2018, al tiempo que se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% para el 2030.   Según el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía del FEM (EAPI), que evalúa 18 indicadores y 3 áreas (crecimiento y desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, acceso a la energía y seguridad), Colombia ocupó en 2017 el 8º lugar entre 127 países examinados y el 1º en Latinoamérica, seguido por Uruguay, que ocupó el 10º lugar. Se suele decir que tenemos una energía “buena, bonita y barata”.   Pero esto no es tan cierto, por lo que nos debemos cuidar de no caer en la trampa de la autocomplacencia. Y no lo decimos a humo de paja, lo decimos porque lo que es una fortaleza de su matriz energética, como lo es una participación del 70% de la generación de energía hídrica es también su talón de Aquiles. Debido al cambio climático, esta se ha convertido en la gran vulnerabilidad del sistema eléctrico Colombiano frente al recurrente fenómeno del Niño.   Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, de la autoría del senador José David Name y con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía, Colombia dio un paso decisivo en la dirección correcta. Los tres ejes fundamentales de esta Ley son: la reconversión de la matriz energética, promoviendo las FNCER, la eficiencia energética, en la cual jugará un papel preponderante el usuario del servicio de energía, que dejará de ser un agente pasivo de la cadena para interactuar con el operador de red y la reducción de las emisiones de GEI.   En su avance, tanto en su reglamentación como en su implementación, la Ley ha enfrentado la resistencia al cambio. Es el caso del Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que llegó a desestimar la importancia del recambio de la flota de Transmilenio con articulados eléctricos diciendo que “los motores eléctricos no se han terminado de inventar”.   Y resulta que la Volvo, que ha sido el principal proveedor del Sistema de transporte masivo en Bogotá, ha anunciado que a partir del 2020 no volverán a fabricar motores de combustión interna. Tampoco tiene razón cuando aduce que incorporar esta alternativa a la flota de articulados elevaría los costos, lo que obligaría a subir el precio de los pasajes a sus usuarios.   Está establecido que un bus con motor eléctrico, gracias a la mayor eficiencia energética de este, recorre un 85% más de distancia que aquel que opera con motor diesel con el mismo consumo de energía equivalente.   Por su parte, algunas de las empresas generadoras ya establecidas, como es el caso de EPM de Medellín, se muestran esquivos y reacios frente a la alternativa de las energías no convencionales. Es así cómo su Gerente Jorge Londoño le pidió al Gobierno  “respetar la neutralidad tecnológica y que sea el mercado el que revise las mejores opciones y escoja”.   En ello están equivocadas. En Colombia la electricidad participa a duras penas con el 17% del consumo final de energía; a guisa de ejemplo la industria en Colombia depende en un 80% de las energías de origen fósil, supremamente contaminantes. Por lo tanto, el reto es electrificar la economía y de esta manera habrá espacio suficiente para todos, tanto para los actuales como para los nuevos jugadores que entren al mercado.   Lo ha dicho la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez: “tenemos como premisa que va a haber espacio para que se desarrollen las fuentes renovables y no renovables. No hay que escoger entre las dos, se necesitan todas”. Las FNCER no vienen a reemplazar ni a desplazar las fuentes convencionales de generación de energía, son el complemento necesario y la larga lo que se busca es la convergencia y acoplamiento de unas y otras. Se respaldan mutuamente. Vamos hacia las soluciones híbridas. Deben operar bajo los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. De esta manera se ganará en seguridad energética, resiliencia, firmeza, confiabilidad del sistema energético y reducción de las emisiones de GEI.   www.amylkaracosta.net   Publicada en KienyKe. Bogotá, septiembre 29 de 2018