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El privilegio de contar con una columna de opinión comporta la obligación de no utilizarla en personales asuntos. Esa es regla de oro. No obstante, en mi condición de dirigente gremial hay zonas comunes, pues si bien la defensa de los intereses ganaderos es mi responsabilidad como presidente de Fedegán, tales intereses son asunto de interés público, pues se trata del gremio más representativo de la actividad con mayor presencia en el campo.
Y en la defensa de los intereses ganaderos soy en extremo exigente y no cedo, aun a costa de lo "políticamente correcto", como lo registra un video reciente en el que enfrento airado a quien presentaba un poder espurio otorgado por el ministerio de Agricultura para asistir a la Asamblea de la empresa Friogán S.A., sin que se hubiera reunido previamente la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado, que es el dueño de la mayoría accionaria en Friogán, reunión que había solicitado con insistencia para evitar que se tomaran decisiones en contra del sector ganadero. Lo curioso es que por esa incómoda situación he recibido el más resuelto apoyo por defender los intereses ganaderos, y hoy tengo la íntima convicción de que, de no haber actuado enérgicamente, el Ministerio habría entrado a la Asamblea a manipular decisiones que afectarían irreversiblemente la suerte de Friogán. ¿Por qué? Porque Friogan es una empresa que posee 5 plantas de sacrificio en diferentes regiones, construidas como parte de una política pública, a través del Fondo Nacional del Ganado. Es un patrimonio ganadero que llegó a una situación difícil por causas exógenas, entre ellas el aplazamiento de la normatividad por indolencia gubernamental, pero hoy se encuentra admitida por la Superintendencia de Sociedades a un proceso de reorganización en el marco de la Ley 1116 de 2006, con altas posibilidades de éxito.
Dentro de ese proceso, el 18 de abril es una fecha definitiva, impuesta por la Superintendencia para votar el Acuerdo de Acreedores. El voto del Fondo Nacional del Ganado puede inclinar la balanza en favor de la recuperación de Friogán, o bien, condenar a la empresa a un proceso de liquidación y venta a menosprecio. Pero el voto del Fondo Nacional del Ganado no está en cabeza del Ministerio, que es apenas su administrador temporal, como lo fuera Fedegán por determinación de la Ley durante 21 años, condición que perdió por cuenta de un atropello que no viene al caso. Lo importante es que la orientación de tan crucial voto para Friogán es una competencia exclusiva de la Junta Directiva del Fondo; Junta que el ministro preside por determinación de la Ley.
No obstante, a 8 días del riesgo insubsanable de una eventual liquidación de Friogán, con el concurso omisivo del Ministerio, el ministro presidente de la Junta del Fondo no permite obstinadamente su reunión antes del 18 de abril, mientras el ministro administrador temporal anuncia entusiasta en los medios la venta de Friogán por $60 o 70 mil millones, cuando el costo de reposición supera los $240 mil millones. Estamos frente a una clara inconsistencia ética. Estamos frente a prevaricato por omisión si el ministro no cumple su obligación de reunir la Junta. Estamos frente a un enorme detrimento patrimonial si la empresa termina malvendida, para luego, como se volvió costumbre, echarle la culpa a Fedegán. La retaliación contra Fedegán no puede llegar al extremo de atacar tan importante patrimonio de la ganadería colombiana. Hoy, con permiso de mis lectores, no estoy expresando simplemente una opinión; hoy estoy haciendo una denuncia. @jflafaurie