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La educación de los más pobres, al estar en manos del sector público y sujeta a las exigencias de FECODE, ha sufrido en gran medida las consecuencias del virus en Colombia.
Sin duda, nuestro ‘Talón de Aquiles’ es la formación que están recibiendo quienes necesitan más y mayores oportunidades, pero que ven frenados sus avances desde temprana edad por la agenda ideológica de profesores que se sienten con superioridad moral para inducir pensamientos anticapitalistas que frenan la innovación, la creatividad y el libre mercado, a cambio de resentimiento y odio.
Con o sin pandemia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –Fecode–, que cuenta con 270.000 maestros afiliados de los casi 312.000 que hay en todo el país al servicio del Estado, se las ha arreglado para continuar presionando al Gobierno; y ante la imposibilidad de desarrollar los paros acostumbrados de manera física, llegaron incluso declarar un "paro nacional virtual" durante 48 horas el año pasado.
La agremiación, como en otras en áreas estratégicas de la sociedad y el Estado, ejercita un activismo malévolo que sólo busca ampliar los ya desbordados beneficios propios, a costa de mantener cautivos a los más pobres.
Ésta es una clara estrategia de la izquierda para capturar adeptos a través del monopolio de la educación pública y bajo el control del libre pensamiento, a través de una perversa hegemonía cultural.
Hoy tienen en jaque el inicio de actividades académicas de las instituciones públicas, por cuenta de un nuevo y descarado pliego de peticiones, cuyo listado es cada vez más extenso.
En sus falsos –y trasnochados– discursos, hablan de la "abnegada entrega a su vocación por la enseñanza", pero "olvidan" las graves secuelas que ha dejado el aislamiento preventivo en los niños y adolescentes del mundo.
Así lo ha explicado el profesor Russell Viner, presidente del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido: "Cuando cerramos escuelas, cerramos sus vidas", señalando que la pandemia ha causado una variedad de daños a los niños en todos los ámbitos, desde estar aislados y solos hasta sufrir problemas de sueño y actividad física reducida.
En este sentido, también las Naciones Unidas expresó su preocupación frente al escenario de confinamiento que se convierte en un caldo de cultivo para la violencia contra los niños. “El hecho de que los niños no puedan acudir a sus amigos de la escuela, a los maestros o a los trabajadores sociales, ni acceder a los servicios y espacios seguros que ofrecen las escuelas, agrava la situación”, señaló la entidad.
En un comunicado firmado por varios signatarios especialistas en el tema, la organización internacional también evidenció los peligros latentes que se encuentran en internet para los niños y adolescentes mientras reciben sus clases en línea, cuando su uso es frecuente y sin un correcto control.
“Con las restricciones al movimiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento, el hacinamiento y los elevados niveles de estrés y ansiedad, también están aumentando las probabilidades de que los niños presencien o padezcan situaciones de abusos físicos, psicológicos y sexuales en el hogar (…) Y las comunidades en línea, si bien se han convertido en instrumentos esenciales para ofrecer apoyo a muchos niños y permitir que continúen aprendiendo y jugando, también hacen que los niños estén más expuestos a la amenaza del ciberacoso y la explotación sexual y al peligro de adoptar conductas en línea arriesgadas” indica el documento.
A todo ese contexto complejo, se suman las precarias condiciones en las que se encuentran las instalaciones de las instituciones públicas, que tras un año de cese total de actividades, siguen sin tener la capacidad de brindar unos mínimos de salubridad para sus alumnos. El número de baterías sanitarias, su mantenimiento, el servicio de agua potable y el deterioro de los lavamanos, es la radiografía más frecuente.
Frente a este tema, ha sido mayor el interés mostrado por las instituciones educativas en concesión, que han tomado sus propias medidas, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional y fortaleciendo sus protocolos para una reactivación, aunque lenta, mucho más acorde con las necesidades urgentes de sus estudiantes.
Bogotá es el fiel ejemplo de la diferencia abismal que existe entre las instituciones públicas y las concesionadas a privados. De los 400 colegios públicos que hay en la ciudad, sólo iniciaron actividades presenciales ocho de ellos; y cinco de los mismos hacen parte del esquema de educación contratada a concesión –es decir, entregado al sector privado–. Del Distrito, administrados por la Secretaría de Educación, sólo ingresaron tres instituciones.
El problema está evidenciando la solución: La brecha educativa se hace cada vez más amplia y nos queda claro que la educación privada y los colegios en concesión tienen mucho más que ofrecerle a nuestros niños y jóvenes.
Es la oportunidad perfecta para que en Colombia se implemente el subsidio a la demanda y se aumente el número de colegios en concesión, que quedan en manos de expertos en educación y muestran un real interés en el bienestar de sus estudiantes, invirtiendo no sólo en el cuerpo docente sino en su infraestructura.
Dejar de girar los recursos directamente a los colegios distritales y hacerlo a través de bonos escolares a los padres –únicamente redimibles en instituciones educativas–; siendo ellos mismos quienes elijan en qué colegio quieren que estudien sus hijos, dejando de depender de las arbitrariedades de los sindicatos de profesores y de un sistema de cupos que está privando a los niños del acceso a la educación de calidad.
Es el momento de hacerlo, el futuro de las nuevas generaciones y de todo un país, está en juego.