Recientemente, y con el ánimo de demostrar la supuesta incoherencia ideológica del expresidente Uribe, el senador Armando Benedetti publicó una entrevista del entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, al periódico el país de España en el año 2003.

En dicha entrevista, el alto funcionario defendía la implementación de la justicia restaurativa, concepto que permitiría aplicar penas alternativas a la cárcel a quienes dejaran las armas producto de los procesos de paz.

Revisando el tema, efectivamente, el 23 de agosto de 2003,  el entonces ministro del Interior y de Justicia presentó al Senado el Proyecto de Ley Estatutaria 85 de 2003, mediante el cual se dictaban "disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”.

El capítulo tercero del proyecto, específicamente el artículo 11, estaba dedicado a las penas alternativas; las cuales consistían en inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y el acceso a cargos de elección popular, la prohibición del derecho a la tenencia o porte de armas, la privación a vivir en determinados lugares, la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas y la restricción geográfica de la libertad.

Sin embargo, y contrario a lo que pretendía demostrar el senador Benedetti, el presidente Uribe siempre consideró importante, en aras de una verdadera reconciliación, que quienes operaran por fuera de la ley pagaran cárcel, aunque reducida. Prueba de ello son las declaraciones dadas el 30 de marzo de 2003, cuando el primer mandatario afirmó que a los grupos armados al margen de la ley debían “dárseles beneficios, sin impunidad”. Por ello, la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de dicho proyecto contemplaba algunas modificaciones, dentro de las que se encontraba la pena de cárcel de 5 a 10 años.

Lamento arruinarle la fiesta al senador Benedetti y a todos quienes celebraron la “revelación” de la entrevista en un intento de justificar ante la opinión publica la impunidad de las Farc, pero Luis Carlos Restrepo, en carta enviada a El Espectador y en declaraciones dadas a Wradio, aseguró que “el presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión”.

La realidad histórica confirma lo aquí escrito: el presidente Uribe no permitió la impunidad. La ley de justicia, paz y reparación, que sustituyó el proyecto de ley 85, imponía penas de 5 a 8 años de prisión, razón por la cual los paramilitares después de su desmovilización fueron recluidos en centros penitenciarios; y como si fuera poco, extraditados a Estados Unidos cuando se confirmó que seguían delinquiendo desde las cárceles, lo que les ha valido condenas de más de 20 años en ese país. 

La verdadera perla es a la inversa. Quienes hoy defienden la impunidad de los crímenes de los terroristas de las Farc son los mismo que, con justa razón, pedían a gritos y se rasgaban las vestiduras exigiendo cárcel para los miembros de las Autodefensas que hubieran cometido delitos atroces.

Encontrar que Piedad Córdoba, entonces senadora, pedía como mínimo 20 años de cárcel, o que Iván Cepeda consideraba que las penas alternativas eran una impunidad disfrazada, me dejan desconcertado, sobretodo cuando han sido ellos, secundados por los miembros de la Unidad Nacional, los que pretenden que uno de los peores criminales que ha visto el país sean premiados con curules una vez desmovilizados, sin siquiera tocar la cárcel.

¿Por qué pedían cárcel para los paramilitares y no la piden hoy para las Farc? ¿Acaso las barbaridades de las Farc han sido menos graves que las de las AUC? ¿Un muerto de las Farc es menos importante que uno de las AUC? Esas son preguntas que deberían respondernos a los colombianos, a ver si logramos entender porque a unos terroristas sí se les aplicó una sanción más acorde a sus atrocidades mientras que a los otros, igual de sanguinarios, pretenden dejarlos libres y con cargos de representación del pueblo al que por años han ultrajado.

Si queremos una paz estable y duradera el Estado se debe fortalecer y enseñar a las nuevas generaciones que la ilegalidad no es negocio y se castiga. Solo la conseguiremos aplicando el mismo rasero a todos los terroristas sin importar su denominación: quienes han cometido delitos atroces deben ir a la cárcel, así sea por corto tiempo, y no deberían participar en política. 

NOTA BENE. Es cierto que los acuerdos de La Habana no necesariamente tienen que ser refrendados popularmente, pues aquellas medidas que necesiten cambios legislativos o constitucionales se pueden adelantar en el Congreso. Sin embargo, y contrario a lo que dijo el fiscal, el presidente Santos no tiene carta blanca en este asunto pues la mitad de los colombianos no  apoyamos la manera en que se han adelantado los diálogos, ni vemos con buenos ojos la impunidad ni la participación política para los terroristas.

Debemos ser los colombianos, quienes hemos padecido el terrorismo de las Farc, los que decidamos que concesiones daremos a ellos. Solo de esa manera se podrán sanar heridas que permitan la reconciliación. Por el contrario, imponernos reformas que no aprobamos implicaría no solamente una revictimización sino que prolongaría el dolor y generaría impotencia, caldo de cultivo para nuevas violencias.