Gustavo Petro sabe que él mismo ha reunido, en sus 20 meses de gobierno, todos los elementos que permiten, de pleno derecho, abrir contra él un proceso de destitución.

Es un proceso ajustado a la Constitución Nacional. Esta no exhorta, ni permite, ni patrocina un “golpe de Estado”, ni un “golpe de Estado blando” contra nadie. Petro es el inventor de esas fórmulas pérfidas, de esa y otras tácticas de desviación del lenguaje para que los colombianos no podamos imaginar, ni pensar, ni decidir sobre una destitución legal, de pleno derecho, y por razones constitucionales.

Algunos hablan de abrir un “juicio político” para limitar los excesos de Petro o poner fin a su atroz administración (1). Pero no es sólo eso lo que merece Gustavo Petro, quien violó su juramento de respetar la Constitución. Por su trayectoria al frente de la Casa de Nariño Petro merece ser juzgado de manera más franca e integral. El debe ser sacado del poder y declarado inhábil para ocupar cargo público alguno por el resto de sus días, por haber cometido tantos abusos, violaciones a la ley y a la Constitución de Colombia y por haber impulsado y alentado, por acción y omisión, antes y después de llegar a la presidencia de la República, actos de violencia y de caos que generaron y están generando destrucciones y, sobre todo, miles de heridos, mutilados y muertos en cientos de ciudades y municipios del país (2).

Por esos crímenes, antes y después de haber sido investido de jefe de Estado, un proceso de destitución está al orden del día. La opinión pública pide eso todos los días. La consigna “¡Fuera Petro!” que resuena en miles de espacios, estadios, reuniones, concentraciones y marchas de protesta, expresa la voluntad popular. Petro se está quedando sin adeptos. Sus irrisorias manifestaciones muestran el aislamiento en que está el aprendiz de brujo.

La Cámara de Representantes y el Senado y la Fiscalía General están pues ante un grave dilema: o ejercen sus atribuciones para defender la Constitución y las leyes o se niegan a ello y condenan a Colombia a desatar oleadas de huelgas y actos de legítima defensa y hasta revueltas que podría durar años. Los colombianos no vamos a permitir que se afiance una dictadura al servicio de bonzos extranjeros.

Gustavo Petro sabe que esa es la situación. Está acelerando en estos días la división y la disminución de efectivos y de material defensivo de la Fuerza Pública. Está pidiendo que lo revistan de plenos poderes judiciales para perfeccionar el desplome de la justicia ordinaria (3) y está preparando otras medidas para abolir de la manera más desafiante el ordenamiento jurídico-social y poder apoderarse de los tesoros de Colombia: la industria energética, el sistema del café, el Banco de la República, los fondos del sistema de salud y de pensiones. Es decir, para sojuzgar a la ciudadanía y echar mano a la riqueza nacional en general. Es lo que esperan de él las dictaduras que pretenden pillar los recursos humanos, agrícolas, industriales, financieros, naturales, geográficos y geopolíticos de Colombia.

Si no se resuelven a actuar, si el Congreso y los organismos de control optan por tolerar esos desmanes y colaborar, por codicia, interés o cobardía, con la dictadura en ciernes, ellos serán víctimas también del poder arbitrario. Si esos sectores se doblegan ante las minorías corruptas, serán defenestrados sin piedad por aquellos. Los tiranos detestan a la prensa, a los demócratas y a los políticos, sobre todos a aquellos que por servir al infame pierden su dignidad: después de manipularlos los arrojan al riachuelo.

Colombia no es tierra de dictaduras. Solo hubo una, militar, en 124 años. No vamos a acomodarnos a otra, social-fascista, que rompa esa ejemplar trayectoria democrática.

Notas

(1).- ¿Por qué limitarse a emplear únicamente el artículo 109 de la CN que sanciona, con la pérdida de la investidura o del cargo, a quien violó los topes máximos de financiación de su campaña electoral? Hay mérito para eso, claro, pero hay otros artículos de la CN que Petro también violó: 4; 22; 113; 114; 188; 249; 250; 251; 265; 296 y 371.

(2).- Las normas constitucionales pisoteadas son tuteladas, entre otras, por los artículos 173; 174;175; 194;198.

(3).- Gustavo Petro pide reformar la Constitución para que él pueda disponer de facultades judiciales hasta el fin de su mandato. Quiere poder crear un “equipo jurídico” (¿una Fiscalía personal?) que estudie a quien más le puede él otorgar el perdón judicial. Quiere poder decretar la extinción de la acción penal a quien quiera con el pretexto de forjar su política de “paz total”. Exige poder solicitar a la JEP la apertura de nuevas investigaciones a quien haya, según él, “vulnerado los derechos” de sus partidarios, etc. De manera irregular, Petro hace circular discretamente, entre parlamentarios que él considera amigos, un proyecto de acto legislativo que contendría esas innovaciones inconstitucionales. Ver ese texto en: https://www.semana.com/politica/articulo/alerta-gobierno-socializa-texto-de-reforma-constitucional-que-busca-darle-facultades-especiales-al-presidente-petro/202404/