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En la democracia representativa elegimos libremente a quienes “nos representan” en el Congreso, donde se debaten los problemas nacionales para convertir en leyes sus soluciones; y también a quienes “nos gobiernan”, con el control político de los primeros y la vigilancia de unas entidades “de control”.
Pero con el argumento de que éramos un país “presidencialista”, la función gobierno y, con ella, la democracia, viene siendo sustituida por una, ya no del pueblo por representación, sino de “populacho” y cabildo abierto por extorsión.
La Constitución del 91 hizo lo suyo, pues la tutela, inmenso logro, pero mal reglamentado, dio pie al “cogobierno” de los jueces, que terminan decidiendo lo que debe y no debe, puede y no puede hacer el gobierno.
A la tutela se sumaron las repúblicas independientes indígenas, con justicia y gobierno propios, derechos territoriales y un concepto de “participación”, a través de la Consulta Previa, que obliga al Gobierno a “pedirles permiso” por todo y para todo, derecho excesivo que no está en la Constitución, pero que, soportado en un convenio internacional, ¡de la OIT!, hace parte del “bloque de constitucionalidad”, esa figura para llenar de micos la Constitución por la puerta de atrás, como sucedió con el Acuerdo Farc-Santos.
El tal Acuerdo hizo también lo suyo, fortaleciendo la “participación” -más cogobierno- de las comunidades controladas por las Farc, regalando curules, creando otra “Gran Corte”, como si no tuviéramos suficientes, imponiendo un “plan de gobierno” alterno y obligatorio para tres administraciones, y lo más grave, además del narcotráfico que corrompe y financia el caos, instalando el precedente de la extorsión como estrategia negociadora.
Esa fue la estrategia fariana para sentar al gobierno a “negociar”, con la izquierda y sectores políticos de variopintos intereses, empujándolo a doblegarse y a doblegar los derechos de muchos a las exigencias de unos pocos. Así se golpeó la democracia con el atraco de Santos al plebiscito; esa es la pretensión del ELN, y así opera el Comité Nacional del Paro.
¿A quiénes representaban los narcoguerrilleros de las Farc, para imponer sus condiciones a todo un país? ¿A quiénes representan los líderes del paro, para imponerle a Colombia marchas y bloqueos, violando los derechos al trabajo, la salud, la alimentación y la vida?
Todo bloqueo es un delito que debe ser castigado, pero no vemos a la izquierda denunciándolos ante el mundo, ni denunciando el vandalismo criminal, como denuncian afanosos los presuntos excesos de la Fuerza Pública. En lo más crítico de la pandemia, ninguna marcha es pacífica, todas son criminales, pues muy pronto empezarán a verse sus contagiados y sus muertos.
Así que, cuando los señores Oyola de la CGT, Maltés de la CUT y Velandia de Fecode, y detrás de ellos el señor Petro, aplicando la negociación extorsiva dilatan negociaciones, inventan causas y proclaman envalentonados que “el paro sigue”, deben contar como suyos esos muertos y el país habrá de reclamárselos.
El Gobierno no puede caer en la trampa del diálogo extorsivo a partir de la explotación de las necesidades del pueblo para generar violencia, bloqueo económico y caos; trampa vieja que utilizaron Lenin, Hitler, Castro y, más cerquita, Chávez en Venezuela. Primero fue la tributaria y luego la Salud, una renta básica imposible, el desmonte del ESMAD, la “desmilitarización” de la protesta y obligar al presidente a incriminar públicamente a la Policía. Nada es suficiente, porque el objetivo es otro: humillar al gobierno para aparecer como redentores en 2022.
¡Basta ya! Los gobiernos están para gobernar, velar por el interés general y hacer cumplir la Ley…, para restituir la democracia… y punto.