No soy enemigo de la restitución de tierras como no lo soy de la paz, así los ministros y hasta el presidente, con ese talante descalificador que se volvió costumbre frente a quien disiente, y por supuesto, con el eco de las Farc y de la izquierda hayan decidido revivir y agitar en mi persona los estigmas que pesan sobre los ganaderos, afectando injustamente a la inmensa mayoría; estigmas que han cobrado tantas pérdidas, tanto sufrimiento y tantas vidas.   No soy enemigo de la restitución porque muchos despojados fueron ganaderos pequeños, medianos y grandes, cuyos derechos nos corresponde proteger. He apoyado la restitución por el sentido de justicia que entraña devolver a su dueño lo despojado, pero también he señalado problemas que es necesario corregir, lo cual no es posible si no se reconoce su existencia.   Pero el Gobierno no es ejemplo de humildad para aceptar sus yerros. Por el contrario, caen rayos y centellas por mis declaraciones en un evento al que fui invitado por el procurador -no voy a donde no me invitan-, a pesar de lo cual hoy pienso que, inclusive, me quedé corto en lo de “cuota inicial”.   La restitución es una política bien intencionada, aún a pesar de desconocer el principio de la presunción de inocencia, pues frente a la denuncia de una presunta víctima, el tenedor es culpable de despojo hasta que no demuestre lo contrario. Afortunadamente, por iniciativa nuestra se introdujo la instancia de revisión, pues la propuesta no contemplaba recursos frente a la decisión judicial. No imagino en qué estaríamos si, como afirmó León Valencia en reciente debate, inicialmente se pensó en que la restitución no se hiciera por vía judicial sino administrativa. Dios nos salvó de semejante atropello.   El problema está en la realidad y en la instrumentalización. En la realidad por el gran retroceso en seguridad, derivado de las exigencias de las Farc (suspensión de bombardeos, de fumigación y disminución de acción ofensiva), lo cual impide la restitución donde ha sido mayor el despojo, es decir, en las zonas donde Farc, ELN y bacrim ejercen control territorial. Sí, control territorial, aunque al Gobierno no le guste oírlo. Y no lo digo yo, sino la Unidad de Tierras. De 88 mil 640 solicitudes, solo el 51 % han sido “habilitadas por el Ministerio de Defensa”, es decir, la mitad no puede ser atendida porque la Fuerza Pública no garantiza la seguridad por la presencia de grupos ilegales.   De las 44 mil 847 restantes hay 31 mil 604 con trámite finalizado y solo 15 mil 286 se registran como inscritas. De las no inscritas, ¿cuántas eran falsas víctimas? ¿Cuántas verdaderas a las que se les negó el derecho? No se puede establecer, porque la restitución se instrumentalizó a través de contratación con ONG que no garantizan neutralidad en sus “análisis de contexto”, lo cual está generando nuevas víctimas entre compradores de buena fe, despojados para beneficiar a víctimas que no siempre lo son.   Mientras Valencia atacaba los exiguos resultados de la Ley, Reyes lo acusaba de hacerlo porque, simplemente, no contrataron a su ONG. Para el efecto no importa, porque contrataron otras, promotoras del estigma contra la producción empresarial y los ganaderos, entre ellas la del senador Cepeda y colectivos de abogados que han mostrado su destreza en construir víctimas.   El catedrático Medófilo Medina me advertía que “me parece muy peligrosa su ecuación de que actores armados es igual a reclamantes”. Nunca hice tal generalización, aunque le respondería que son igualmente peligrosas las de “tenedores igual a despojadores” o “reclamantes igual a víctimas”. En medio de tanta demagogia, la Ley merecía mejor suerte.   @jflafaurie