Son tan elocuentes como el silencio de Humberto De La Calle o la alharaca de las Farc. Si el Ejecutivo conocía las operaciones, como parecería indicar la cronología de los hechos, estaríamos ante una nueva cortina de humo para ocultar gravosas revelaciones, asociadas con las negociaciones en La Habana.

Si, por el contario, ignoraba el accionar de los organismos de inteligencia, entonces no sería difícil advertir las fracturas que el proceso de paz ha venido abriendo entre el poder civil y el militar.

Ambas opciones, plagadas de inconsistencias, serían un bumerang de incalculables consecuencias contra la campaña reeleccionista. Un interés evidente que Santos intentó defender, inculpando a la oposición tras el eufemismo de “fuerzas oscuras”, para retroceder 24 horas después, con la teoría de la “licitud” de la maniobra. (Lea: Lafaurie pide a MinAgricultura tener un poco más de rigor)

Pregunto ¿qué más podía hacer ante el reconocimiento del Ejército de la operación “Andrómeda” y el allanamiento del CTI a la sede encubierta, 11 días antes de las revelaciones de semana.com? Es claro que la Fiscalía tenía indicios de “chuzadas ilegales” desde agosto de 2013, cuando la sala de control de los harkeos fue trasladada del CIME calle 100 al búnker. ¿Será que no se informó al Presidente, ni siquiera por colaboración armónica de poderes, siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas?

Todo indicaría que el mandatario ya conocía la situación.

Pero, aceptemos ?en gracia de discusión? que se hizo a sus espaldas. Entonces ¿podría caber un principio de desobediencia entre un sector del Ejército afectado por la desconfianza de los anuncios desde La Habana, que gravitan peligrosamente sobre el futuro de la institución castrense?

Un buen entendedor podría establecer una relación de causalidad entre este escándalo y la reciente intervención del comandante de las Fuerzas Armadas al Presidente, para que reiterara que el estatus del Ejército y las Fuerzas Armadas no estaba en discusión en Cuba. Un asunto que ha salido a relucir en las propuestas de las Farc en los tres puntos abordados en la mesa, con la intención de convertirlas en una “fuerza de paz”, disminuida y sin impacto en los territorios que podrían quedar bajo el control de los narcoterroristas, en especial las Zonas de Reserva Campesinas, en negociación.

Pero si se descartan “ruedas sueltas” entre los militares –como sugirió Santos y desmintió el Ejército– y, por otro lado, se acepta la “licitud” de “Andrómeda”, entonces surge la otra conjetura.

La de una estrategia autorizada desde el Alto Gobierno, para espiar más de 400 cuentas, muchas de manera ilegal según semana.com, entre las cuales estarían las de los negociadores de las Farc en La Habana. Un escándalo a lo Watergate que podría “herir de muerte” los diálogos y con ello la reelección.

Las “chuzadas” serían evidencia de los peligrosos intríngulis que allí se cocinan, incluso en la apretada agenda de los cabecillas de las Farc con gobiernos “amigos” y hasta con terroristas de ETA y traficantes de armas.

Con lo cual, de la exhaustiva investigación que ordenó el Presidente, no valdría esperar nada distinto de lo que ya sucedió: poner en la picota pública a miembros honrosos de nuestro Ejército. (Lea: La estrategia reeleccionista)

“Chivos expiatorios” para ocultar una estrategia que el Gobierno estaba en la obligación constitucional de ejecutar, en aras de la defensa y la seguridad nacional.

No obstante, con la imprudencia de la Fiscalía el tema escapa al control del Gobierno y termina siendo de dominio público. Y, claro, había que entregar un “culpable” lanzando a la hoguera, sin necesidad, a dos altos oficiales de inteligencia del Ejército. Aunque el Gobierno no logra salir inmune. Un nuevo manto de desconfianza se levanta en la opinión pública que vuelve a sentir otro engaño.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán. @jflafaurie