Al mejor estilo de un tribunal estalinista, la JEP llevará al cadalso a quienes por décadas se han enfrentado valerosamente a los atropellos de la guerrilla y sus cómplices (estos últimos bien situados en distintas ramas del poder público y de los medios de comunicación), quienes, gracias al parapeto del proceso de paz, han abandonado la oscuridad del clóset del anonimato y de la clandestinidad, para rasgarse las vestiduras, ponderando y enalteciendo a los verdugos del pueblo. Nada de lo que digan, sin embargo, nos hará olvidar que las Farc reúnen entre sus filas a lo peor de la especie humana. Tomarse la justicia no es un invento de las Farc. Desde Mao, en la China popular, pasando por la Cuba oprimida de los sátrapas Castro Ruz, y la Venezuela arruinada de los tiranos Chávez y Maduro, la izquierda radical ha implementado el método inveterado de cooptar y adueñarse de los órganos jurisdiccionales, para aniquilar moralmente a sus oponentes: si las balas o las bombas no pudieron en su momento silenciar las voces disidentes, de seguro una sentencia de encarcelamiento logrará ese cometido. Y tienen todo para hacerlo, en el caso de Colombia, pues, en lo que respecta a la JEP, la figura de la cosa juzgada es apenas una vaga ilusión, y las atribuciones de ese malhadado tribunal desbordan los más omnímodos poderes. No voy a ahondar en la falta de calidades humanas y profesionales de quienes resultaron elegidos para integrar la JEP. Solo diré esto: no todo el mundo puede ser juez, pues, para ejercer ese apostolado se requieren madurez, equilibrio, probidad y objetividad, virtudes escasas en muchos de los que resultaron ungidos. Con tres o cuatro valiosas excepciones, ese tribunal está compuesto por magistrados que antepondrán sus odios a la verdad y la justicia. La mayoría viene de colectivos al servicio de la subversión y otros engendros similares. La justicia sin imparcialidad es solo un cuerpo sin vida. No es un secreto que la izquierda infiltrada en la Rama Judicial persiguió justa o injustamente al uribismo, y en ese escenario aprendió que, a través de los jueces y de sus fallos, podían desestabilizar todo el Estado y obtener una ventaja de poderes a favor de lo que algún exmagistrado, en un ataque de “honestidad”, bautizó: “el gobierno de los jueces”. Con esa escuela y las vivencias de la izquierda en otras latitudes, en la Habana se pactó un sistema de justicia paralelo, que resulta estar por encima de la jurisdicción ordinaria y del ordenamiento legal del País, lo que implica, en plata blanca, que no tendrá control de nadie. No habrá verdad ni justicia ni reparación para los millones de víctimas de las Farc; en cambio, Timo y sus camaradas ganarán, en los estrados judiciales, la guerra que no pudieron coronar en el monte, encausando a todos aquellos que consideren enemigos. Como quien dice, el tribunal de la venganza. La JEP será, sin duda, la corte de las Farc. ¿Como podemos evitarlo? Eligiendo un gobierno de centro derecha, que desmonte ese monstruo el mismo 7 de agosto del 2018. La figura jurídica será lo de menos: no ha de ser muy complicado desarticular un tribunal que fue erigido sobre la violación de los tratados internacionales, la Constitución, la ley y la voluntad popular, que dijo “NO” a ese esperpento. La ñapa I: Un sentido adiós para un grande del derecho: Antonio José Cancino. La ñapa II: ¿Será que Roberto Prieto es inmune a las pruebas en su contra? La ñapa III: ¿Hasta cuándo los grandes medios seguirán callados ante la contundencia de los hechos que relacionan íntimamente a Santos con Odebrecht? La ñapa IV: El cambio de reclusión del exsenador Bernardo Elías, para amedrentarlo y evitar que cuente la verdad, es una maniobra despreciable, propia de bandidos. Abelardo De La Espriella: Es Abogado, Doctor Honoris Causa en Derecho, Máster en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Derecho Administrativo. En 2002 fundó la firma, DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que es su Director General. Es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido apoderado de los procesos jurídicos más importante de la última década.
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