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Ya quedó claro que Colombia no es el país más corrupto del mundo y que todo se trataba de una patraña –fake news– reciclada por medios de comunicación del régimen venezolano para tapar su propia corrupción y, de paso, para atacar, no a Colombia, sino al gobierno del presidente Duque.
No en vano su socio progresista en el país, el senador Petro, el mismo con un examigo que le llevaba plata en bolsas de basura, –madrugó 4:07 a.m.–, a culpar al uribismo de “haber construido el país más corrupto de la tierra”, y claro, como está en campaña, a prometer el combate a fondo de la corrupción, y hasta, posando de Jorge Eliecer, a anunciar “La restauración moral de la República”.
Ahora bien, hechas las rectificaciones por parte de Transparencia Internacional y su filial local, Transparencia por Colombia, la situación del país tampoco es para laureles. En su último informe, publicado a comienzos de 2020, Colombia ocupa un lugar intermedio, el 96 entre 180 países evaluados, lo que me hace recordar la famosa promesa de Julio César Turbay de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” (1978), por la que fue literalmente crucificado por un país fariseo.
Valga aclarar que el ranking de TI solo evalúa la corrupción pública, aunque bien sabemos que es “hermana” de la privada, dentro del esquema de Sor Juana Inés de la Cruz, de que “unos pecan por la paga y otros pagan por pecar”. Ojalá el país siguiera el consejo de Turbay y se pusiera una meta inicial para estar siquiera entre los 50 mejores, pues la transparencia total, como la perfección, es una utopía que, sin embargo, siempre debe perseguirse.
Hacia allá íbamos en 2010, al final del gobierno Uribe, cuando el país ocupaba el puesto 78, pero durante el de Santos, en lugar de seguir persiguiendo esa utopía, retrocedimos hacia la vergüenza. En 2016, a mediados de su segundo gobierno, ya alcanzábamos el puesto 90 y, dos años después, habíamos llegado al ¡99! entre 180 países.
Se compró todo con recursos públicos. La conciencia de la clase política, con honrosas excepciones, para apoyar las negociaciones con las Farc; la objetividad de poderosos medios e influyentes periodistas, que se volcaron con entusiasmo a cumplir su doble función de pregonar, de una parte, la paz que llegaría con la firma del acuerdo y que nunca llegó; y de otra, a estigmatizar a más de medio país como “enemigo de la paz”, y hasta a perseguir a quienes representaban esa posición, sobre todo desde el Centro Democrático, porque se corrompió también a la justicia y hasta algunas entidades de control.
FEDEGÁN fue víctima de esa persecución, por parte del ministro, Juan Camilo Restrepo, que no dudó en gastarse mil millones de pesos para montarle una auditoría privada a su amaño, y de otro, el señor Iragorri, que pretendió comprar también a parte de la institucionalidad gremial en contra de FEDEGÁN, mientras “contrataba a dedo” más de 4 billones de pesos, bajo la mirada gacha del Contralor Maya.
Sin embargo, el mayor daño a la lucha contra la corrupción provino de la “patrasiada” en la política antidrogas, con la suspensión de la fumigación aérea bajo la presión de Correa en el sur, de Chávez en el oriente y, luego, de las Farc en todo el territorio nacional en el marco de las negociaciones.
Estamos sometidos al poder corruptor de 200.000 hectáreas de coca, pero contamos con un gobierno que ha revertido la tendencia y persigue nuevamente la utopía de la transparencia total con la legalidad como consigna.