La apuesta por los biocombustibles

Paradójicamente el Estado colombiano adolece de políticas de Estado y a falta de estas terminan imponiéndose las políticas de Gobierno, las cuales tienden a ser repentistas y reactivas, respondiendo siempre a las variantes y volubles coyunturas y su curso responde al vaivén del acontecer político.   Ello, que debería ser la excepción es la regla y de allí que la economía y la sociedad se vean turbadas por la inestabilidad y la inseguridad jurídica, las cuales a juicio del premio Nobel de economía Douglas North frenan el crecimiento y el desarrollo sostenible de un país.   Esta vez queremos referirnos a la falta de continuidad y a las incoherencias  de las políticas públicas en el caso específico de los biocombustibles. En el año 2001 fue sancionada la Ley 693 de 2001, de mi autoría, posteriormente cobró vida la Ley 939 de 2004 y en el 2008 se  expidió el Documento CONPES 3520, sentando así las bases para el uso obligatorio en Colombia de las mezclas de un porcentaje de etanol con la gasolina en el primer caso y de aceite con el diésel en el segundo.   Se partió de la premisa de que pese a que los combustibles de origen fósil son altamente contaminantes y contribuyen como los que más al temido cambio climático, según la Agencia Internacional de Energía (AIE) seguirán teniendo un gran peso en la matriz energética en los próximos años. Se trata, entonces, de mejorar su calidad mediante dicha mezcla, ya que de este modo se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a consecuencia de la combustión en los motores[1].   Y Colombia, hoy más que nunca como líder que es de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), está seriamente comprometida con la meta de reducir sus emisiones de GEI en un 20 % hacia 2030. En efecto, hoy por hoy, los biocombustibles están contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año, equivalentes a 6 puntos porcentuales.   También se tuvo en consideración la importancia que reviste para el país la seguridad energética. Colombia, lo sabemos todos, si bien es productor de petróleo, dada la precariedad de sus reservas del mismo, no es un país petrolero y últimamente, con la caída de los precios del crudo, sus reservas han caído de 2.308 millones de barriles, que le aseguraban su autoabastecimiento por espacio de 6.4 años a 1.673 millones, reduciendo dicho horizonte a solo 4.9 angustiantes años (¡!).   Se empieza a asomar, entonces, el fantasma de la importación de petróleo y Colombia ya sabe lo que ello representa para sus finanzas y para su economía, pues entre 1974 y 1984 las importaciones de crudo le significaron un costo de USD$5.500 millones. Gracias a las mezclas de los biocombustibles, estos suplen 19 mil barriles/día de derivados del petróleo y podría ser mayor si el Gobierno le soltara las amarras autorizando porcentajes de mezclas mayores a los actuales, del 8.4 % para el etanol y el 9.2 % para el biodiésel.   También es cierto que la producción de la materia prima que les sirve de insumo a las plantas de etanol y biodiesel, 12 en total, ha tenido como efecto la ampliación de la frontera agrícola, particularmente en las plantaciones de palma africana para producir aceite con 250 mil hectáreas nuevas. Dado que estos cultivos son intensivos en mano de obra, están generando un empleo directo y dos indirectos por cada siete hectáreas sembradas, lo cual se traduce en ingresos y poder adquisitivo en el campo, que es donde más se requiere, sobre todo de cara al postconflicto.   Como si lo anterior fuera poco, en estos momentos de alta tensión del sector eléctrico, sumados entre la agroindustria de la palma y de la caña están aportando una capacidad de 537 MW de potencia instalados y para 2018 la cañicultura contribuirá con 100 MW más de autogeneración de electricidad.   Desafortunadamente los excedentes de esta solo se han podido comercializar a partir de este mes que expidió la CREG la Resolución 29, casi 2 años después de expedida la Ley 1715 de mayo de 2014, que les dio un plazo de un año para reglamentarla y de esta manera permitirla, como lo prescribe la misma.   No obstante las bondades de los biocombustibles su desarrollo se ha estancado a causa de la indecisión de parte del Gobierno, que da señales, cuando las da, ambiguas, contradictorias e incoherentes. Sus dubitaciones están poniendo en riesgo la meta que se propuso el propio Estado de llegar a un porcentaje del 20 % para 2020 y lo que es peor la gran minería se ha sustraído del cumplimiento de la Ley, que la obliga a consumir la mezcla, no existiendo norma alguna que las exceptúe.   Son más de USD$1.000 millones los que se han invertido en las plantaciones agrícolas y más de USD$300 millones en las plantas procesadoras de los biocombustibles, los que están a la espera de señales claras de parte del Gobierno. A estas alturas cabe preguntarse, si se mantiene activado el freno de mano y no se descongela el porcentaje de las mezclas y no se le da cumplimiento a la Ley en todo el territorio nacional, qué va a ser de los nuevos proyectos en curso que, como el de Bioenergy de ECOPETROL con capacidad de producción de 300 mil litros/día de etanol, entrarán a operar próximamente, si la demanda actual está copada.   Ya va siendo hora de que los biocombustibles dejen de ser una política de Gobierno para convertirse en una Política de Estado para beneficio del país, especialmente del campo colombiano. No hay tiempo qué perder, es fundamental garantizar reglas claras y estabilidad de las mismas para que la apuesta por los biocombustibles no siga siendo tan azarosa como hasta ahora lo ha sido para quienes se han aventurado a invertir capital de riesgo en un sector que ha posicionado a Colombia como el tercero en importancia, después de EE.UU. y Brasil, tanto en producción como en el uso de los biocombustibles.

[1] Amylkar D. Acosta M. Histórico Acuerdo. Diciembre, 13 de 2015