Javier Lafuente publicó un artículo sobre Colombia el pasado 23 de marzo en el diario madrileño El País. Hace tiempo ese matutino dejó de ser la nave insignia de la prensa española. Hoy es apenas un órgano más de la izquierda peninsular. El texto sobre Colombia confirma ese rasgo.

Es una diatriba efectista y sin importancia, no por el tono crítico que adopta —nada sería más legítimo que eso—, sino por la ausencia de equilibrio y veracidad en los temas que aborda.  

En 1990, en su libro de estilo, El País manifestaba sus objetivos: “presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio”. Insistía también en “la no manipulación de las noticias que son una garantía para los derechos de los lectores”.

Tales exigencias deontológicas son dejadas de lado al informar sobre Colombia.

Javier Lafuente estima, por ejemplo, que Colombia es un “polvorín” a punto de “saltar por los aires”. Eso es pura exageración y deformación. Esa metáfora no es ni veraz ni completa. Es más bien la imagen que las Farc fabrican para la exportación. Para probar eso Lafuente retoma la lista de tópicos habituales de esa gente: que el ex presidente Uribe es el “principal opositor de la paz de La Habana”, que hay “altos índices de violencia”, que “la implementación del proceso de paz” no avanza. Cita igualmente el informe inflado de la JEP sobre “falsos positivos” y calla el hecho de que ese texto es visto más como una arma política que como un documento serio. La principal asociación de víctimas, la Comisión Civil de la Verdad, dirigida por el periodista Herbín Hoyos, demostró, por ejemplo, que los falsos positivos de Dabeiba son una leyenda. Además, una de las fuentes utilizadas por la JEP para ese relato fue sancionada en el pasado por financiar falsos testigos.

El País omite decir que el pacto Santos/Farc fue rechazado por los colombianos en el referendo de 2016 y que pese a ello muchos puntos del acuerdo están siendo cumplidos por el gobierno. Gracias a eso, entre otras cosas, 10 jefes narco-terroristas están en el Parlamento sin haber pagado sus crímenes y sin haber sido elegidos por nadie. Colombia vive esa situación como una humillación.

Tampoco dice que la muerte de “líderes sociales” (desmovilizados) la imparten las Farc mediante dos de sus tres ramas, “disidencias” y Narcotalia, así como el Eln y el Clan del Golfo. Calla el hecho de que ni el Ejército ni la Policía cometen esos crímenes. Omite decir que ellos, por el contrario, combaten esas bandas criminales apoyadas en buena parte por la dictadura de Maduro. ¿Por qué Lafuente soslaya tales realidades? Éstas han sido constatadas por las autoridades y por la prensa colombiana e internacional.

No es la primera vez que El País ataca al ex presidente Uribe. Antier anunció: “el próximo año seguirá marcado por el proceso judicial que encara [Uribe] y que ha producido una colisión total entre una de las instituciones sobre las que se cimienta el Estado, la Corte Suprema, y la Fiscalía, proclive a absolver a Uribe.”

La verdad es lo inverso. No fue Uribe quien forjó la “colisión” de instituciones. Quien la genera es la Corte Suprema de Justicia que le declaró hace años una guerra judicial para matarlo políticamente. Esa corte politizada y corrompida (todos en Colombia conocen la historia del “cartel de la toga”) bloqueó el derecho de defensa del ex jefe de Estado y terminó por perder la mano de ese juego diabólico. Lafuente no toca ni por las nubes ese asunto, aunque es el tema político más documentado y sonado de Colombia. ¿Dónde está la no manipulación de las noticias que prometía El País? ¿Dónde están las “noticias comprobadas” de que habla el libro de estilo de 1990?

Hacer la lista de problemas no basta para dar una información de calidad. Hay que explicar, al menos, quien genera los problemas y qué soluciones ofrecen los actores. Eso no lo hace El País. El acusa a una parte, el gobierno, y presenta a la oposición como víctima y como heraldos de la paz. Todo impregnado de la monserga irreal: “el Gobierno es incapaz de poner remedio a eso”.

Lo más absurdo del informe tiene que ver con la Covid-19. Sugiere que el país se está hundiendo en la miseria y que Iván Duque es culpable por la “lentitud de la campaña de vacunación”. Tonterías.

El periodista calla el hecho de que el gobierno de Duque, desde abril de 2020, distribuye subsidios ($160 000 pesos mensuales) a cinco millones de familias necesitadas mediante su programa de Ingreso Solidario, creado ante la emergencia sanitaria originada por el Covid-19. Fuera de las ayudas a tres millones de ancianos y de las 332 000 becas de estudios para jóvenes en la universidad pública. No hay en ese reportaje una palabra sobre el tremendo fardo que representa para Colombia la llegada de un millón de migrantes venezolanos. Y nada sobre la política generosa de Colombia ante ese flujo súbito de población, elogiada por la comunidad internacional.

Lafuente no dice que el índice de favorabilidad de Duque sube gracias a su desempeño durante la pandemia. El periodista acusa a Iván Duque de enviar un “mensaje optimista que choca con los datos” de la vacunación. Increíble. El reportero no ve que el plan colombiano de vacunación contra la Covid-19 tiene poco que envidiarle al de España. Al momento de redactar esta nota, Colombia, país subdesarrollado, tiene 1 238 259 personas vacunadas (primera dosis), pues la campaña comenzó sólo el 1 de febrero por la llegada tardía de las vacunas. En España, país desarrollado, con una población igual a la de Colombia, la vacunación comenzó un mes antes, el 27 de diciembre, y tiene 4 211 040 vacunados (primera dosis). Medite el lector al respecto.

Para dar a creer que la violencia urbana es imputable a Duque, Lafuente descarta toda referencia al papel negativo que juegan los alcaldes de izquierda que controlan tres grandes capitales del país: Bogotá, Medellín y Cali. Esos alcaldes, por razones ideológicas, se niegan a tomar medidas de seguridad y se dedican, por el contrario, a insultar y desarmar a la fuerza pública. Gracias a ese ambiente las bandas armadas aprovechan las manifestaciones “pacificas” para atacar a la Policía, quemar iglesias y buses de transporte urbano. A causa de la ineptitud de la alcaldesa Claudia López, Bogotá padece todo eso y algo más: hay balaceras, atracos y muertos allí casi todos los días.

Lafuente no se tomó la molestia de hacer entrevistas. No aparece en su artículo una sola cita que pueda él poner entre comillas. Todo sale de su cabeza, a pesar de que dice haber escrito su nota en Bogotá. En cambio, su reportaje reciente sobre el México de su admirado López Obrador, es mucho más esmerado.

El País publicó, pues, un artículo lamentable. Lamentable por lo que calla y por lo que dice. Lo que afirma es truncado, parcial. Y lo que silencia es lo que es más visible para los colombianos.

Hay sin embargo un postulado cierto en ese informe: “(Casi) todos contra [Gustavo] Petro”. Este senador madurista no es popular, salvo en el campo extremista. Pero Lafuente no lo explica. Nada dice sobre la trayectoria de ese ex miembro del M-19 ni sobre su accidentada trayectoria política. Un video clandestino, revelado en noviembre de 2018 por la senadora uribista Paloma Valencia, carbonizó a Petro: lo muestra recibiendo fajos de dinero clandestinamente de un individuo. Petro nunca pudo negar ni explicar ese acto, pero fue salvado por un extraño fallo de un organismo no judicial que tiene participación de las FARC. Desde entonces Petro tiene dificultades para volver a ser candidato presidencial.

Lafuente adapta en ese texto lugares comunes y elementos de lenguaje de opositores, sin contrastar las alegaciones. ¿Qué hay detrás de esa aparente negligencia redaccional? ¿El País está ayudándole a Petro y abriendo una ventana para que el nefasto partido Podemos, y el gobierno de Pedro Sánchez, refuercen su influencia en Colombia en este periodo electoral?