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El gran país urbano no debatió el tema de la tierra y el desarrollo rural porque no le interesaba; ni el de las víctimas, ni el del narcotráfico. Pero la justicia es un tema integral, el servicio público por excelencia, al decir de Álvaro Gómez. Por ello el país todo, con el Congreso de la República a la cabeza por obligación constitucional, debe asumir el debate sobre un sistema de justicia “a la medida” de un grupúsculo de narcoterroristas.
Una justicia que vulnera el Estado de Derecho, que cierra sin apelaciones los fallos de otras instancias; que elimina el principio universal de la cosa juzgada y puede reabrir procesos de toda índole y origen. Una justicia que no tiene espacio temporal -¿cuándo comienza el conflicto?- y que puede “resucitar” para reprimir cualquier conato en contra de sus fallos.
Una justicia “negociada” con quienes el Gobierno prometió -y juró en vano- que no se negociarían las instituciones democráticas. Por ello sorprenden las respuestas del presidente a uno de sus antecesores, Andrés Pastrana, sobre esa condición claudicante. Después de poner el retrovisor y tratar de disminuirlo frente a su Alma Mater, Santos confiesa que la justicia transicional fue creada para resolver el conflicto, porque "los grupos insurgentes no reconocen precisamente, la justicia del Estado contra el cual se alzaron en armas (…) Por eso hay que crearla".
Entendía que se trataba era de reinsertarlos a nuestro Estado de Derecho, no de cambiarlo a su acomodo para que pudieran entrar. Entonces, si tampoco reconocen el sistema tributario, por ejemplo, ¿también habrá que crearles uno? De hecho, ya se negoció un modelo de desarrollo rural a la medida de sus expectativas de control territorial y político en el campo que asolaron durante décadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz se pretende vender al país blindada frente al debate público, para lo cual se viste una vez más con la piel de oveja de “la paz”. ¿Recuerdan?: Marco Jurídico, Acuerdo General, Referendo, Acto Legislativo, Plebiscito y, ahora, Jurisdicción Especial, todo tiene el apellido de “para la paz”. ¿Cuál es el mensaje? El mismo del plebiscito: SÍ o NO. El reduccionismo infame, en blanco y negro, sin grises, de que si usted no está de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la paz, usted es amigo de la guerra.
Las respuestas del exmagistrado Cepeda tampoco convencen. Que no destruye la institucionalidad porque la cambia -la destruye- con apego a la Constitución. ¡Pobre Constitución! Que sí es de cierre pero no es de cierre. Que no reemplaza a la Fiscalía, pero la Fiscalía le pasará la investigación de más de 110 mil crímenes. Que el narcotráfico se tratará como delito común, pero si era para subvertir -léase terrorismo- será conexo y amnistiable. Que si hay verdad -¿la del guerrillero?-, hasta delitos de lesa humanidad serán “castigados” con una cómoda restricción de libertad.
Siempre dijeron que no pagarían cárcel, y lo están logrando. Siempre quisieron meter a todo el país -a sus enemigos- en su justicia, y lo están logrando.
Nota bene. ¿De dónde saldrán los 2 billones que cuesta? Más impuestos.