Valga decir que la parafiscalidad no es un esfuerzo aislado de los gremios, como bien lo señala el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera. Es uno más de los instrumentos de política pu?blica agropecuaria. Por eso el artículo 3o de la Ley 89 de 1993, señala, con claridad, que el Fondo Nacional del Ganado “...se ceñirá a los lineamientos de políticas del Ministerio de Agricultura para el desarrollo del sector pecuario”.

Lo anterior implica necesariamente la existencia de esos lineamientos y, por supuesto, su debida articulación para el cumplimiento del objetivo.

Pero es precisamente la inexistencia de una verdadera política pública agropecuaria que responda a las necesidades del sector, la que tiende a neutralizar los esfuerzos y logros de la parafiscalidad.

En el caso del sector bovino pecuario, a un costo altísimo y en un esfuerzo conjunto con el ICA como autoridad sanitaria, el Fondo Nacional del Ganado, logró para el país la declaratoria en forma escalonada desde 2001, del estatus de País Libre de Aftosa con Vacunación, la cual culminó en 2009, pero 13 años después de este logro y de que se empezara a hablar de TLC, de reconversión y de Agenda Interna para la competitividad, no se ha logrado obtener la admisibilidad sanitaria a Estados Unidos y a los principales mercados, no se avanza como se debiera en el Sistema de Inspección y Vigilancia, y en trazabilidad se produjo un retroceso insólito y costoso, tal como lo señala Lafaurie Rivera.

Un ejemplo claro de la inconsistencia de la política pu?blica, fue la prórroga sucesiva del Decreto 1500 de 2007 ¡durante 5 años!, hasta su modificación definitiva por el Decreto 2270 de 2012, que se devolvió 20 años y cedió a las presiones de la informalidad. Inconsistencia que se tradujo en una condición de desequilibrio económico de Friogan, que a la postre se convirtieron en pérdidas económicas. Fueron inversiones del Fondo Nacional del Ganado, castigadas por la inseguridad jurídica de un entorno cambiante de política pública.

El corolario: Que el Gobierno cumpla con sus funciones de definir y ejecutar una verdadera política de desarrollo agropecuario integral, y de cumplir con sus responsabilidades de control de la parafiscalidad a través de su posición en las Juntas Directivas y, sobre todo, de la interventoría a los contratos de administración. Esta omisión le ha hecho un inmenso daño a una figura tan valiosa como la parafiscalidad, concluye Lafaurie Rivera.