Innovación sin posverdad

Es, igualmente, importante que existan relaciones explícitas que armonicen el mandato de los fondos de fomento parafiscales con nuevo marco legal.   Desde mi pasada columna ‘Una ley necesaria’, publicada hace 15 días, el debate mediático frente al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, SNIA, ha estado movido. Desafortunadamente, como la ‘posverdad’ está de moda, buena parte de los ataques son infundados.

Hoy, vemos una asimetría entre las acusaciones que incorporan información falsa, o verdades a medias, sobre distintos temas, y la capacidad de respuesta frente a los ataques. Armar un argumento sensacionalista y publicarlo en las redes sociales siempre será más fácil y efectivo, en términos de comunicación, que las réplicas y la defensa menos ‘sexis’ de los temas desde la legitimidad. Al estar convencido de las bondades del proyecto de ley, y ser los asuntos de innovación en el agro parte de mi trabajo, aprovecho este espacio para desmitificar algunos de los comentarios recientes, independientemente de quién los haya hecho.

Se habla de que el ámbito agroindustrial no es parte del proyecto. No es cierto. Además de la producción primaria, el ámbito cubre “la adecuación y la transformación de la producción, los servicios de apoyo asociados y la comercialización de productos primarios”. Pero, también vale la pena decir que el proyecto privilegia el término ‘productor agropecuario’, buscando no utilizar o privilegiar expresiones que hoy se interpretan como antagónicas, como los ‘agroindustriales’ y los ‘campesinos’, ya que busca beneficiar a todos los actores del campo sin sesgos.

También se habla de que el proyecto le da una nueva fuerza a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, cuando lo que hace es elevar los requerimientos que hoy tienen las Umatas para poder ejecutar recursos de extensión agropecuaria, exigiéndoles que cumplan los mismos requerimientos que cualquier otro prestador del servicio, y proponiendo estándares mínimos para quienes puedan ser directores o funcionarios de las mismas.

Más allá de eso, el proyecto plantea la necesidad de que en los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria, los departamentos busquen organizar la prestación del servicio trascendiendo el ámbito municipal hacia “grupo de municipios, provincial, por cuenca, por subregión, por clúster, o cualquier otro tipo de organización territorial dentro de un departamento”, e incluso plantea que “en los territorios donde converjan varios departamentos, estos podrán acordar acciones articuladas para atender su población”. Sin esa dimensión adicional de ordenamiento territorial, el modelo no podría prosperar.

Y hay otras preocupaciones que se refieren a la pérdida de autonomía de los fondos parafiscales agropecuarios frente al proyecto de ley. La iniciativa no debe vulnerar las normas que establecieron los fondos, ni quiénes son sus beneficiarios, ni la manera como se priorizan el uso de sus recursos. Aunque para algunos esto es claro en el texto, no es así para todos, por lo que habrá que hacer los ajustes que den esa tranquilidad. Pero es, igualmente, importante que existan relaciones explícitas que armonicen el mandato de los fondos de fomento parafiscales con nuevo marco legal. De no ser así, el país no tendría un SNIA, sino 2, y el modelo fracasaría.

Por ahí van los comentarios. Ninguno tan grave como para descarrilar uno de los proyectos más necesarios para el agro colombiano, y nada que no se pueda aclarar y resolver con un diálogo sereno y constructivo, sin posverdades.   @jlucasrestrepo   Portafolio, 23 de marzo de 2017