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Terminó 2022 con un IPC general de 13,1% mientras que el de alimentos llegó a 27%; por su parte el salario mínimo registró un aumento de 16%. Justamente el reajuste en los ingresos para 2023 se realizó pensando en mantener y mejorar el poder adquisitivo de al menos 3,4 millones de personas que son las personas que devengan tal salario.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional para que varios bienes y servicios no se reajusten a principio de año con el incremento del salario mínimo sino con e del IPC, tal acción no contribuirá de manera efectiva al control inflacionario en 2023, pues un ajuste del 13% también resulta ser de alto impacto en el bolsillo de los colombianos.
Además, debe tenerse en cuenta la subida gradual del precio de la gasolina que hace los bienes transportados y servicios de transporte prestados también registren alzas, a lo que se suma la tasa de cambio que hace que los importados también vayan para arriba.
2023 también continuará registrando situaciones inflacionarias pues el desajuste mundial de la oferta de muchas materias primas persiste. Tal situación de precios, evidentemente, golpea de manera más feroz a las personas de bajos ingresos en donde ni siquiera se alcanza a adquirir la canasta mínima vital de alimentos.
Resulta urgente entonces que los programas públicos de distribución de rentas comiencen a ser operativos y efectivos rápidamente pensando en grupos poblacionales definidos: por ejemplo, mujeres cabezas de familia y adultos mayores e iniciando con las poblaciones rurales.
Es necesario quitarles presión a las ciudades, y esto solo se hará realidad si se hace más atractivo quedarse en los campos, lo que requiere inicialmente tener un ingreso monetario mediamente decente, y a lo que rápidamente deberá integrarse mayor oferta de bienes públicos, iniciando por escuelas, centros de salud y por supuesto carreteras, que permitan el dinamismo de las economías locales en materia agropecuaria.
Por supuesto tales programas gubernamentales que aporten una proporción de ingreso a poblaciones vulnerables deberán estar bien diseñados para que se genere consumo de bienes básicos que mejoren su calidad de vida y que además dinamicen las economías locales. Eso implica elementos de uso para que tal ingreso no termine gastándose en lo típico del buen colombiano: cerveza y celulares. No puede ser así.
Será fundamental que el gobierno reglamente la entrega de estos recursos para que se gaste en bienes y servicios útiles para el desarrollo humano. Seguramente será mejor que una proporción se haga efectiva a través de bonos de bienes básicos para alimentación especialmente; programa que perfectamente puede articularse con la idea del presidente Petro de los centros de comercialización agropecuaria en los diferentes municipios del país. Ahí está oferta y demanda.
Efectivamente, aquí el tema es de impulso de mercado, y Petro como economista entenderá que para hacer sostenible tales programas requiere del mercado en una inmensa proporción, y si logra la “paz total”, que veo embolatada, tendrá el mejor clima de negocios agropecuarios de la región.
@ojcubillosp