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Como si fueran poco para el país la violencia desatada por el ELN en el Catatumbo y la de todos los grupos armados ilegales que siguen dorándole la píldora al Gobierno con su falso compromiso con la paz, mientras persisten en la guerra entre ellos y contra el país, un nuevo factor de violencia coge cada día más fuerza, con el apoyo del Gobierno, no reconocido, pero evidente: las guardias campesinas e indígenas.
El país está agobiado por la violencia. El secuestro regresó para quedarse. El viernes pasado visité al ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024 y canjeado miserablemente en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos también fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por tener presuntos tratos con las disidencias de las FARC.
La extorsión, ese impuesto oculto que aterroriza y enmudece a sus víctimas, hoy afecta por parejo a productores rurales y emprendedores urbanos, en tanto que el abigeato es pan de cada día y, de un tiempo para acá, la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, hoy unidos en las Brigadas Solidarias y los Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo presencial a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.
Tres factores se repiten en las últimas invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de algunas ONG que reúnen a comunidades rurales bajo la bandera de la “recuperación de la tierra”, como el llamado “Coordinador Nacional Agrario”, CNA, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, cuando los invasores desarrollaban, según el CNA, “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.
Segundo: la presencia de agitadores profesionales enviados para difundir consignas comunistas (lucha de clases, anticapitalismo, la tierra para el que la trabaja, etc.), con el fin de exacerbar el odio contra los propietarios legítimos y, por esa vía, inducir las invasiones.
Tercero: las Guardias Campesinas que, al igual que las indígenas, tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.
En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 los llenó de garantías para el uso y el abuso.
Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.
Tienen, además, justicia especial y el último regalo les llegó con el gobierno Duque, que abrió la llave de la contratación directa con sus organizaciones, por donde se han escurrido más de ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero a sus reformas cuando y donde se necesite, y para generar ese ambiente de inestabilidad y “estallido” permanente, con el que ya ganó y espera ganar en 2026 para seguir gobernado en cuerpo ajeno.
Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista
