El más reciente congreso nacional de infraestructura fue una buena ocasión para mirar el país integralmente. A pesar de que se trató, como ocurre año tras año, de un encuentro gremial, la naturaleza de su impacto en la vida de la nación se refleja en el estado de las vías, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, cárceles, establecimientos educativos y estado material de las unidades de atención en materia de salud, entre otros aspectos fundamentales para Colombia.

Además de los tradicionales balances, ideas, sugerencias y peticiones legítimas, todos ellos de interés, debe destacarse que a los aspirantes a la presidencia de la República se les pidió referirse a tres temas. La visión general sobre el sector, las mypimes de ingeniería y la lucha contra la corrupción en la contratación pública.    Sobre el primer punto, el telón de fondo responde al propósito de eliminar el rezago que tiene Colombia, al igual que al mejoramiento de la calidad de la infraestructura. Es cierto que ha habido avances, pero también lo es que el atraso es evidente, por cuanto siguen existiendo deficiencias en la normatividad y el grado de discrecionalidad de las entidades que contratan servicios de ingeniería.   Frente a este panorama, es necesario seguir avanzando en el marco del plan maestro de transporte intermodal, y darle continuidad a las concesiones de cuarta generación.   El mayor desafío, quién puede dudarlo, es conseguir la financiación gracias a la buena estructuración de los proyectos y las seguridades jurídicas necesarias a los contratos que se suscriban. Sin estas dos condiciones será imposible obtener lo primero.   Sin embargo, no son suficientes. Debe hacerse un gran esfuerzo de gestión nacional e internacional para conseguir que los inversionistas institucionales asuman un porcentaje mayor dentro de la canasta financiera actual. Habida cuenta del peso que ha asumido la banca nacional, la incertidumbre por el caso Odebrecht, y las limitaciones sobre los plazos de los bancos internacionales, por marcos derivados de convenios vinculantes, el camino es el de ofrecer nuevos atractivos a dichos inversionistas, que son más en número, tienen mayor flexibilidad y están en capacidad de diversificar el riesgo.   Otra acción internacional que se requiere, así como un ejercicio de diálogo con comunidades y gobiernos locales muy intenso, es el relacionado con las consultas previas. En esta materia, debe volverse al origen de las mencionadas consultas y a su razón de ser, que dista mucho de la que inspira las que hoy se hacen.    En lo que respecta a las mypimes, el mejor camino es el de tramitar una ley que las fortalezca, no les cierre las posibilidades de participación, que esté acorde con sus capacidades y les facilite la innovación y el desarrollo tecnológico, acabando, por ejemplo, con el llamado empaquetamiento de pequeños proyectos.   Y sobre el combate a la corrupción, la estructuración adecuada, el fortalecimiento de la consultoría y la adecuada reglamentación de los pliegos tipo, que permita condiciones habilitantes para los proponentes proporcionales y coherentes con el tamaño y la complejidad de las obras a ejecutar.Todo lo anterior, como parte de una estrategia integral de lucha contra ese flagelo que comprometa todos los niveles del Estado.   Portafolio, Bogotá, 27 de noviembre de 2017