"En Colombia, ni siquiera pagar impuestos es fácil” me decía un cliente extranjero. Y tiene razón. Basta ver los aprietos en los que se ven los responsables de los impuestos cuando llegan las fechas de vencimientos y las plataformas informáticas no responden mientras los plazos se vencen.

Lo más interesante de trabajar en consultoría es poder estar en las empresas, observando sus dolores y sufrimientos. Se aprende mucho de la lucha titánica del empresario contra la administración. Unidades enteras de las empresas están dedicadas a cumplir con los requisitos que les imponen las leyes y reglamentos.

Algunos son lógicos y válidos. Pero hay tantos que resultan absurdos porque no consultan la relación costo/beneficio. Además su cumplimiento es muy diferencial.

Para las empresas formales, cualquier incumplimiento implica una dura sanción. Pero el Estado permite que miles de otros negocios informales o ilegales operen en total impunidad sin cumplir la mayoría de las legislaciones. Los municipios son implacables con quienes no pagan el impuesto de Industria, Comercio y Avisos, pero incapaces de luchar contra los vendedores informales que no responden por ningún tributo.

O la del Estado que castiga con una visita exhaustiva a quien pide una devolución del IVA a la que tiene derecho, pero cierra los ojos a los cientos de miles de evasores del mismo impuesto.

Lo peor es que la lista de requisitos sigue creciendo. UGPP, cuerpos de bomberos, códigos de seguridad laboral, normas ambientales, requisitos de higiene, licencias de operación, permisos de circulación, reportes de información a todo tipo de entidades, inscripciones en registros y bases de datos son sólo algunos de los trámites que las empresas deben cumplir y que implican costos considerables y un desgaste administrativo inmenso.

Hasta las Cámaras de Comercio, que deberían apoyar a los empresarios, exigen trámites. Para el sector financiero o de seguros los requisitos adicionales son constantes.

¿Quiénes son los que producen estas exigencias cada día más numerosas? Son burócratas que jamás han administrado nada, cumpliendo con leyes aprobadas por políticos que odian a las empresas. Cada nuevo alcalde o gobernador, cada ministro o superintendente, tiene que dejar una nueva reglamentación.

Su paso por el cargo es breve pero las normas se quedan de por vida. Debería imponerse, como principio de la administración pública, que una nueva norma no puede ser promulgada sin que primero se haya eliminado una de importancia similar. Eso permitiría frenar la impresionante inflación de trámites.

El actual gobierno, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha emprendido una buena campaña a contra de la ‘tramitomanía’. Entienden que es imposible competir a nivel global con tantos obstáculos.

Estos esfuerzos se han hecho en otras ocasiones con resultados temporales importantes. Pero luego los nuevos funcionarios anulan las medidas y regresan a los controles. Y mientras el ministro elimina, otras autoridades locales o regionales siguen imponiendo nuevos controles sin tener en cuenta los efectos sobre la eficiencia de la economía.

Coletilla: Otro día sin carro. Los funcionarios con escoltas y carros blindados saldrán a aplaudir la medida. Los demás veremos qué hacer para poder trabajar.

Miguel Gómez Martínez

Asesor económico y empresarial

migomahu@gmail.com

Portafolio, febrero 04 de 2020