Hasta la saciedad lo he dicho: los cultivos de coca son el combustible de la mayoría de empresas criminales y formas de violencia que azotan inmisericordemente a Colombia. Esa peste llamada narcotráfico, de una manera u otra, financia los asesinatos de líderes sociales, las masacres de civiles y las infames muertes de los miembros de la Fuerza Pública.

Los recursos sucios de aquella actividad nefanda alcanzan hasta para desestabilizar al Gobierno, a través de marchas y supuestos movimientos ciudadanos, que solo buscan promover el caos, sirviendo a los protervos intereses de una izquierda apátrida que desde siempre ha combinado todas las formas de lucha, buscando hacerse al poder.

El mal llamado acuerdo de paz con las Farc, de manera tácita, “blindó” el narcotráfico al bloquear la posibilidad de implementar las fumigaciones con glifosato. El tartufo Santos, sus socios de la guerrilla y los compinches de estos en las altas cortes, tribunales y el Congreso han maniatado al gobierno Duque para que no haga lo que corresponde.

La cosa es así: mientras un sector de la izquierda radical permanece supuestamente en la civilidad y en democracia, otro bastante más peligroso está en la retaguardia, con los fusiles terciados y repartiendo bala a tutiplén. Para ambos frentes, el político y el armado, se necesitan recursos, y nada produce tanta plata como el “traqueteo”. No es una mera casualidad que el presidente Uribe haya dejado al final de su gobierno menos de 50.000 hectáreas de coca, y el bandido del tartufo, más de 200.000 al término del mandato. ¡Ahí está el detalle!

Una cosa es que los enemigos de la República pretendan hacerle la agenda al Gobierno y otra bien distinta es tener que aguantarse ese brinco. Antes de la pandemia, haciendo uso de las atribuciones constitucionales (que siguen vigentes) y en defensa del orden y la seguridad nacional, el presidente Duque, bajo la égida de un estado de excepción (conmoción interna), hubiese podido ordenar las fumigaciones, a pesar de las cortapisas y obstáculos que hoy las impiden.

El Gobierno tiene una nueva oportunidad para corregir un error que puede salir más caro de lo esperado. En el marco de la actual emergencia económica, por cuenta del COVID-19, el presidente, en ejercicio del poder de policía que ostenta, debe retomar la aspersión para erradicar forzosamente los cultivos ilícitos; para ello solo se necesita voluntad política. Es la única manera de garantizar, en lo sucesivo, la permanencia de los derechos y libertades públicas.

Al “cuadre” “jurídico” entre el tartufo y los narcoterroristas de las Farc, se le suma otro mecanismo igual de espurio y dañino: el litigio estratégico, que no es otra cosa que conseguir decisiones favorables de autoridades judiciales adeptas a la causa comunista, que tienen como objetivo modificar la estructura del Estado y de la sociedad, por medio de una interpretación sesgada de la Ley.

Prueba de lo anterior es el reciente fallo de tutela que le prohíbe al Gobierno erradicar cultivos ilícitos en Cajibío, Caloto y Piamonte, en el departamento del Cauca. Detrás de ese bodrio está el conocido colectivo de abogados que, al tiempo que funge de defensor de toda la mamertería (que dicho sea de paso está pletórica por las resultas de la tutela), hace y deshace en los estrados judiciales nacionales e internacionales para obtener decisiones contra la Patria.

Colombia está incendiada, y todo ese desastre es provocado y dirigido para generar una implosión que solo les sirve a los que promueven el caos. El Catatumbo, como en los peores tiempos, ha vuelto a ser el corredor de droga y armas por excelencia; en Arauca, las “disidencias” de las Farc y los elenos controlan todo, desde la política hasta los territorios. Arauca es la continuación de Venezuela en territorio colombiano; Nariño, en donde había un gobernador de izquierda que se oponía a la erradicación, hoy está peor que nunca (los muertos lo dicen todo); y en el Cauca y en el Valle la cosa está peluda, en fin…nadamos en coca.

La plata de los cultivos ilícitos sirve incluso para comprar la presidencia en el 2022. Estamos advertidos.

La ñapa I: Los odiadores del presidente Uribe olvidan que la Ley no es como el hielo que sabe a lo que le pongan; la Ley tiene peso y consistencia propia. El proceso del gran colombiano debe pasar a la Fiscalía o a la Comisión de acusaciones.

La ñapa II: Y, mientras el poder “judicial” pone preso al presidente Uribe, los procesos contra los “honorables” del cartel de la toga duermen el sueño de los justos. ¡Mandan cáscara!

Abelardo De La Espriella: Es Abogado, Doctor Honoris Causa en Derecho, Máster en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Derecho Administrativo. En 2002 fundó la firma, DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que es su Director General. Es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido apoderado de los procesos jurídicos más importante y relevantes de la última década. Su sello característico son los asuntos de interés para la opinión pública y los medios de comunicación. En la actualidad, es columnista de más de diez importantes portales que todas las semanas reproducen su aguda y crítica opinión.