Esa es la palabra que mejor resume lo que fue la política económica del desaparecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Expropió lo que quiso, a su antojo, sin medir condiciones técnicas, ni de crecimiento o desarrollo económico y mucho menos de bienestar social. Y como si ello fuera poco, es también la de su sucesor. Chaves expropió tierras agropecuarias productivas, industrias manufactureras, bancos, hoteles, empresas multinacionales. Los resultados: una Venezuela en quiebra, lejos de iniciar su recuperación, en donde lo único que crece es la pobreza, la inseguridad, la inflación y el desempleo. Un vecino país sin medios de producción útiles a pesar de su riqueza petrolera. Antes de llegar Chávez al poder, en 1999, Venezuela utilizaba en actividades agropecuarias 30 millones de hectáreas (17 millones en ganadería, 2,4 millones en uso agrícola), 9 millones en bosques y un poco más de 1,6 millones de hectáreas en otras actividades, para un total de 91 millones de hectáreas según su VI Censo Agropecuario realizado entre 1997 y 1998. Tal vez el término apropiado debería ser expolió, pues con su Socialismo del siglo XXI, un poco más de 5,7 millones de hectáreas agrícolas y ganaderas pasaron a otras manos, a lo que se añade más de 1.400 empresas de gran tamaño de todos los sectores económicos. Su política económica se focalizó en quitarles los medios de producción a quienes generaban riqueza, y entregarlos a quien el Estado considerara deberían ser sus propietarios –pero no a todos, a los de su partido–, con el fin de “democratizar” el acceso a la propiedad. El resultado 19 años después es que el 90% de la tierra expropiada, un poco más de 5 millones de hectáreas, que deberían estar produciendo alimentos y materias primas, se encuentran ociosas, sin generar empleo, ni bienestar. Esa política de la expropiación, que afectó directamente a sus propietarios al arrebatarles su instrumento de generación de capital y de distribución de ingreso, desembocó en una crisis de mayores proporciones, pues más de 560 mil empresas de todo tamaño cerraron sus puertas o se retiraron del mercado venezolano. Según datos del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios del vecino país, en 2008 se encontraban registradas más de 830 mil firmas en todo el país en todos los sectores de producción. En 2017 la cifra solo llegó a 270 mil empresas activas. Es la consecuencia de lo que floreció y se sembró en Venezuela: expropiaciones, quiebra, saqueos, control de precios, hiperinflación, imposibilidad de acceder a materias, demanda contraída, en fin, la suma de todos los males. Sin duda, la situación de Venezuela será un caso de estudio en diferentes facultades de economía, política y relaciones internacionales acerca de cómo no debe gobernarse un país. Se equivocan los que consideran que expropiar a diestra y siniestra es la forma de generar bienestar económico y social. El solo hecho de proponerlo ya genera nerviosismo económico y espanta la inversión. Seguramente quien lo propone no piensa en generar riqueza y desarrollo para el país, sino en repartir la riqueza a sí mismo, como efectivamente ha ocurrido en Venezuela. Vale la pena entonces que la educación básica enseñe principios de economía y finanzas para entender el papel fundamental de los medios y factores de producción en el desarrollo y bienestar de una sociedad. Y así no darle juego a propuestas populistas.