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Concluyó en Caracas la primera ronda de las negociaciones con el ELN, y México será el anfitrión de una segunda en enero de 2023, ojalá como augurio de un año de paz para Colombia. En el entretanto, y respetando la confidencialidad que me impone ser miembro de la comisión gubernamental, en esta época de reflexión y balances compartiré algunas percepciones sobre lo sucedido y lo que está por suceder. Inicialmente, fueron días valiosos para llegar a unos mínimos de conocimiento personal, de confianza y de respeto mutuo, necesarios para un diálogo fluido, con avances en lo procedimental y con resultados tempranos, representados en los auxilios humanitarios acordadas en dos subregiones: El Bajo Calima en el Valle y el Medio San Juan en Chocó, donde las comunidades están desplazadas o, literalmente, sitiadas entre el fuego cruzado entre el Clan del Golfo y el mismo ELN. El Alto comisionado de Paz está a la espera de las explicaciones sobre el paro anunciado desde el día de ayer. Quiero resaltar que la condición de “piloto” de estas acciones es de inmenso valor frente a un país escéptico, que necesita señales de que “sí se puede” derrotar el abandono y el control económico, social y territorial del narcotráfico. Qué bueno sería, entonces, convertir este acuerdo precoz en ejemplo de lo que puede lograr la presencia transformadora de las instituciones y recursos del Estado. Para 2023, en consecuencia con la decisión de retomar las negociaciones donde quedaron en 2018, el tema será el primero de esa agenda, sobre “Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”, a partir de tres elementos: 1. Que sea “En función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la paz, en el curso y contexto de este proceso”, es decir, que sean “viables” para ir siendo implementadas durante las negociaciones, sin esperar a la firma de un documento final. 2. Que las propuestas sean “Sobre los temas de la agenda”, una exclusividad que acota las negociaciones, para que no terminen, como las del Acuerdo Farc – Santos, arreglándolo todo en el papel para que nada quede arreglado en la realidad, en un documento con pretensión “constituyente” y, de hecho, metido a la Carta del 91 por la puerta de atrás y en contra de la voluntad popular. 3. Tiene dos componentes, uno definitorio: la participación de la sociedad debe constituir “Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista”, lo cual incorpora retos logísticos para realizar ejercicios presenciales a nivel nacional, pero estamos en el siglo XXI y el reto también debe ser tecnológico, para abrir canales virtuales de participación. Y dos, de resultados, para que la participación “permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”, sobre lo cual los líderes del ELN han precisado que no se trata de su propia visión de paz, ni de la visión de paz del Gobierno, sino de aquella surgida de la participación de la sociedad civil. Así pues, la participación no es solo un primer punto, sino casi un factor común a toda la agenda, algo que calza con el origen y la naturaleza misma del ELN, mucho más ideológica y doctrinaria si se quiere, con trayectoria en el trabajo de masas y banderas de lucha en lo económico, lo social y lo ambiental, aunque su violencia no haya sido consecuente con esas causas. Solo queda esperar que el país responda a esa convocatoria de participación, para lograr el “Acuerdo sobre lo fundamental” que permita la construcción de la verdadera paz, la de un país que no necesite de las armas sino de la democracia para tramitar sus diferencias. Pero también, que el ELN sea consecuente con los anhelos de Paz de los Colombianos.
@jflafaurie