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Que Santrich abandone su risa socarrona y su burlón “quizás, quizás, quizás”, y aunque no pueda verla, le dé la cara a Elmelinda y le explique por qué tenía que morir su hija Yurani, de apenas dos años, cuando un tatuco cayó sobre su vivienda indígena en Miranda, Cauca.
Que Márquez se despoje de su cinismo y convenza a Rónal de que Isabela, su hijita de tres años, tenía que morir por el solo hecho de que él es patrullero de la Policía; que le explique por qué esa muerte, con una granada de fragmentación lanzada a un CAI en Arauca, no es responsabilidad de las Farc, como pregona con arrogancia, sino de políticos y terratenientes, de la prensa y la iglesia, del presidente de la República y hasta del gobierno de Estados Unidos.
Y postulo al general Mendieta, por supuesto, aunque el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional -¿en qué pensará?-, comulgue con las Farc en que los soldados y policías no son secuestrados sino “retenidos”, en una clara referencia a que se trata de “prisioneros de guerra”, para así excluir al general, al intendente Pinchao y a miles de héroes secuestrados y asesinados.
Si ese es el criterio de quienes seleccionan a las víctimas, ¿qué podemos esperar? Mientras en los foros -falta el show nacional de Cali- se ha tratado de esconder a las víctimas de las Farc y resaltar las de paramilitares y agentes del Estado; mientras las Farc exigen incluir a Cano como víctima y juzgar al presidente como victimario, la Universidad excluye a los militares, policías y a sus familiares. Razón tiene el general (r) Rey para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que requiera**al Estado colombiano para que informe si los miembros de la Fuerza Pública serán considerados víctimas o tratados como “iguales a las Farc”.**
En nada ayuda la declaración presidencial de que: "Estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes, entre los soldados y policías de nuestras Fuerzas Militares…”. Error. El Estado colombiano, que yo sepa, no está en guerra contra nadie, ni los terroristas que asesinaron a Isa y a Yurani pueden considerarse “combatientes” de causa alguna. Nuestros soldados no “combaten” a una fuerza con derecho a imponer su modelo de sociedad y Estado, porque, sencillamente, el Estado colombiano es legítimo. Si no lo fuera, si la violencia de las Farc hiciera parte de una guerra legítima, el general Mendieta habría sido, efectivamente, un “prisionero”; y el general Méndez y el subintendente Muñoz, asesinados, a golpes el primero y degollado el segundo, no serían víctimas sino caídos en combate de esa guerra -¿cuál guerra?- contra las Farc.
No. La Fuerza Pública está defendiendo a la sociedad de unos narcoterroristas que, ahora mismo, la extorsionan con víctimas fatales todos los días -Yuris e Isabelas- y con actos terroristas contra la población, para imponer sus ideas en la mesa, culpar al mundo de su barbarie y lograr impunidad y poder. Y lo peor es que insisten en llamar a eso “proceso de paz”.
Nota Bene. Del patrullero Ruíz, un bogotano que lo perdió todo en Arauca y no sabe si puede perdonar: “Arauca es otra Colombia, un territorio sitiado por la guerrilla y olvidado. Todos lo saben y no hacen nada…”.