En este punto, el maridaje de las Farc con los carteles –nacionales o mexicanos– hará parte de otro fracaso anunciado.

Cuesta “imaginar un acuerdo con las Farc para erradicar la coca”, como sugirió el presidente Santos. El Gobierno cayó en la trampa de la legalización, con la falsa premisa de que las guerrillas entregarán rutas, laboratorios, “mulas” y canales del microtráfico. La “traba ideológica” de las Farc va por otro lado: ocultar su pasado mafioso, volver conexo el narcotráfico al delito político y convertir a Cuba en lavadero de dineros ilícitos. (Lea: "Voceros" de primera y segunda)

Pero las decisiones sobre este tema y los demás que terminaron en punta, serán del resorte del presidente que se posesionará en agosto de 2014, tanto como la suerte de las negociaciones de paz. El nuevo Gobierno no olvidará que esta sociedad ha pagado un altísimo costo humanitario y económico, que hace inviable moral y políticamente un acuerdo con los victimarios, levantar la prohibición para el narcotráfico o tender un manto de olvido sobre las víctimas. Por décadas solo hemos escrito obituarios de magnicidios en la frustrante lucha contra el narcoterrorismo, cargamos con el estigma de ser el mayor productor y exportador de coca y sus derivados y afrontamos un problema de salud pública por el aumento del consumo entre nuestros jóvenes.

El traslape del mapa del narcotráfico y la presencia de una de las guerrillas más antiguas del mundo, no es casual. El increíble poder de las mafias para reinventarse y mantener la captura de una renta fácil, no conoce límites. Eso lo saben las Farc. Aunque recibieron el estatus de “negociadores” no son más que un cartel de drogas, el primero en Colombia y el tercero en el mundo.

Según Naciones Unidas los ingresos superan los US$370 millones anuales en el eslabón primario, pero la mercancía alcanza otros US$10 mil millones puesta en el exterior. Entre tanto el Gobierno alardea con la reducción del área sembrada, aunque lo cierto es que unas 135 mil has tuvieron ilícitos en algún momento de 2012. (Columna: La agenda de La Habana)

Nariño, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare o Vichada, son emblemáticos de la acción criminal y los enclaves de ilícitos. Allí se crearon nuevas variedades de alta productividad, que explican la reducción del área en el país más que la aspersión o la erradicación, que incluso disminuyeron 3% y 11% frente a 2011.

De hecho, la suspensión de la erradicación fue una de las pocas demandas del Paro Agrario atendida por el Gobierno, con fuerte relación con Zonas de Reservas Campesinas. En Norte de Santander, por ejemplo, el área aumentó 825% entre 2006 y 2012, no se asperja desde 2011 y la erradicación manual ha sido mínima. El 90% de las hectáreas está en Catatumbo, donde incluso se duplicaron en el último año. (Lea: Dudas del sector agropecuario frente a lo pactado en La Habana)

Juega el Gobierno con candela. Los problemas en La Habana no sólo pasan por la refrendación de los acuerdos, la suspensión de penas, la fórmula de usurpación de la propiedad privada rural o la participación de los farianos en política. Otro capítulo, inédito en Cuba: el narcotráfico, plantea la imposibilidad de llegar a buen puerto. Eso lo sabe el General Naranjo a quien el Gobierno puso a saltar a dos bandas, después de su brillante carrera contra las mafias. Un cálculo bien alejado de la urgencia de domesticar la bestia del narcoterrorismo, a cambio de votos.