El silencio de Santos ante las amenazas contra Lafaurie

Muy chocante es el silencio que guarda el presidente Santos ante las amenazas de muerte que recibe en estos días José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, de parte de las Farc.   El comunicado en cuestión es difundido desde el 21 de enero. El Gobierno debe condenar muy claramente ese acto, que es un acto criminal firmado por la citada banda narcoterrorista, con la cual, precisamente, Santos está dialogando en La Habana.   Sostener un diálogo “de paz” con alguien que se dedica a preparar la muerte de personalidades políticas y económicas del país es inaceptable. José Félix Lafaurie no es solo el presidente de Fedegán, es un actor político importante, dirigente de un partido de oposición, el Centro Democrático. Lafaurie tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, a expresar opiniones, en favor o en contra, de la política del Gobierno. Si Juan Manuel Santos sigue callado quiere decir que ve como algo normal que las Farc amenacen a un líder colombiano, a un legítimo contradictor de las políticas gubernamentales.   Santos dice estar buscando con las Farc el “fin de conflicto”. Pero no habrá fin de conflicto alguno si ese objetivo consiste en liquidar físicamente a los adversarios del narcoterrorismo y de la curiosa negociación “de paz”.   Guardar silencio en este caso equivale a ser cómplice de ese delito y de lo que pueda ocurrir ulteriormente.   Si el volante es falso, el Gobierno debe decirlo. Los servicios del Estado pueden establecer de dónde viene ese texto, qué buscan sus autores. En ese caso, Santos debería explicar por qué ese comunicado es falso y, a renglón seguido, reiterar su condena del mismo, aunque sea falso, pues alguien está delinquiendo al sembrar el terror por esa vía.   El gremio ganadero es uno de los más importantes del país. Por eso, las Farc se han empeñado, desde hace décadas, en masacrarlo y brutalizarlo. Miles de personas, entre dirigentes y miembros de base, han sido asesinados, secuestrados, extorsionados y mutilados por las Farc. José Raimundo Sojo Zambrano, presidente de Fedegan, fue asesinado el 30 de septiembre de 1995. Otro presidente, Jorge Visbal Martelo, sufrió un atentado en Bogotá el 15 de octubre de 2003. El estudio que entre 2009 y 2013 realizó la Fundación Colombiana Ganadera, con asesoría de la Universidad Sergio Arboleda, estableció una lista de 6 202 víctimas y 1 936 testimonios sobre las violencias sufridas por ese gremio. Y eso es una parte de la tragedia. El libro Acabar con el Olvido, de 510 páginas, recoge esa preciosa información.   Santos no puede hacerse el distraído y no condenar las amenazas contra José Félix Lafaurie. Ni este ni su gremio deben perder el derecho de expresión por el solo hecho de no estar de acuerdo con el Gobierno de turno, ni con las Farc. Si con su silencio Santos valida esa situación, si no repudia explícitamente esas amenazas, y si no se lo dice de frente a sus interlocutores en La Habana, él le estará anunciando a Colombia que la democracia, las libertades y garantías de Derecho que contiene la Constitución han dejado de existir y que quien manda en Colombia es la jefatura narcoterrorista. En ese caso, si esa es la situación,  cada colombiano y cada institución pública que aún no ha sido pervertida por el nuevo paradigma político, sabrá a qué atenerse.   Alias Iván Márquez se siente dueño del país y se expresa con gran desfachatez. Insulta y difama por una red social al presidente de Fedegán, mientras hace frases cursis en Cuba para adormecer la prensa internacional y disfrazar las verdaderas intenciones de su banda. Santos tiene que repudiar la campaña sucia que está orquestando ese jefe de las Farc desde Cuba contra Lafaurie, en las barbas de los dóciles y mudos negociadores de Santos.   La campaña de amenazas surge poco después de que el Gobierno golpeara brutalmente a Fedegán retirándole, de manera perfectamente arbitraria, el 15 de enero pasado, la administración del Fondo Nacional del Ganado. Santos sabe que ese gremio no es ardiente defensor de la estrategia capituladora. “Los gremios no están para hacer política, están para tener una comunicación fluida con los Gobiernos”, le lanzó Santos a Fedegán  (y a los otros gremios del país) en noviembre de 2014. Según Santos, el sector privado no tiene derechos políticos, salvo el de acatar servilmente lo que ordena el gobierno. Absurdo. Esa frase mostró cuán profundamente ha penetrado en el Palacio de Nariño la basura ideológica chavista. Los gremios saben que en La Habana Santos está negociando el tema de la propiedad privada. Un ejemplo: en las “zonas de reserva campesina” que exigen las Farc no habrá propiedad privada: todo (habitantes, tierras, sembrados, cosechas, ganados, fauna e infraestructuras) estará bajo el control de las Farc. Ante ese legítimo temor de los gremios, Santos respondió con un puñetazo retórico de corte dictatorial. Como Fedegán no se deja intimidar, el señor presidente los golpeó con un decreto. En ese ambiente nauseabundo apareció el comunicado de las Farc. Como se ve, “la paz” fariana no es un chiste.   Los apoyos que Santos dice tener en el extranjero para culminar su programa de “paz” con los cubanos, se están desgastando. El contraste entre las promesas y las realidades se acumulan. El Papa Francisco no vendrá a Colombia este año pues teme que el cacareado “proceso de paz” sea otra cosa y él no quiere perder su buena imagen al respaldar ese misterioso affaire. Vendrá, dice, en 2017, cuando ese asunto haya mostrado su verdadera cara. Las amenazas de muerte que las Farc están enviando contra colombianos eminentes llegan a los oídos de quienes preparan los encuentros de los interlocutores de Santos. Barak Obama, quien está con el sol a las espaldas, cuida su propia imagen. Él sabe que seguir avalando un proceso que agravó los problemas de Colombia, y que incluye ahora amenazas de muerte a personalidades, podría costarle mucho al Partido Demócrata en la próxima elección presidencial.