Escuchando reportes de ONG de víctimas invisibilizadas (Manos por la Paz, Voces del Secuestro, Fevcol, Rosa Blanca), queda claro el descarado sesgo de su elaboración y redacción, orientada a reescribir la historia diluyendo la responsabilidad de los máximos criminales y cargándosela a otros (Estado, sociedad y familias) por supuesta “concurrencia y corresponsabilidad”, afirmando que el reclutamiento de menores es culpa de las familias que no los buscaron, de la sociedad que nunca rechazó el reclutamiento y del Estado que permitió reclutarlos. Concluye la CEV que el reclutamiento de menores por las Farc, Eln, M-19 y Auc es responsabilidad del Estado, relativizándoles su participación. Esto es revictimizante.

Centrados en el capítulo “No es un mal menor”, encontramos algunos sesgos como que de los 98.772 delitos contra menores (homicidios, desaparición forzada y secuestro) sólo gestionaron 618 testimonios de víctimas (menos del 1 %), pero escucharon 1.490 testimonios de exiliados no víctimas, privilegiando información secundaria de organizaciones orientadas a incubar una sola narrativa.

Los períodos seleccionados para analizar tienen alteraciones de la realidad, desconocen la continuidad, sistematicidad y acumulación de crímenes perpetrados durante la existencia de las Farc, el Eln y el M-19. Omite mostrar claramente el rol del M-19, el Epl y el Eln en el contexto histórico y su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad (reclutamiento de menores, desaparición, trabajos y desplazamientos forzados, agresiones sexuales, homicidios y secuestro), mostrándolos como hechos sueltos, desconociendo que fueron políticas y estrategias de cada organización.

No reconoce el rol de la UP, el PCC, sindicatos, ONG, profesores universitarios y líderes de izquierda en el reclutamiento de las Farc, evidenciados ante la JEP por líderes guerrilleros. Tampoco reconoce la depredación sexual sistemática no consentida por parte de las Farc, presentándola como daño operacional o colateral y mostrándola como estrategia paramilitar. Al omitir la descripción de contextos y dinámicas territoriales y mezclar datos generales, se abstiene de describir patrones y modus operandi que evidencian actuaciones altamente planificadas, racionalizadas, no hechos aislados.

Para terminar de reacomodar la narrativa del “Estado victimario”, a la inflada y conveniente cifra de más de 6.400 falsos positivos quieren sumarle, con la Resolución 31247 de 2023 de la Unidad de Víctimas, la calidad de víctima al movimiento sindical colombiano, es decir, la CGT, la CTC, la CUT y Fecode, para aumentar falsamente las víctimas estatales y así minimizar las de los grupos criminales. ¿Serán para ellos los $300 billones de Petro para reparación de víctimas?

Queda entonces la duda en las declaraciones del padre publicadas por Semana, si su simpatía e identidad ideológica con el Eln tiene que ver con su informe.

¿Puede Colombia reconstruirse sobre bases viciadas de falsedad y omisiones, dejando a gran parte de los culpables sin señalamientos, responsabilidades y en libertad?