¡Esto es una pesadilla! Cada vez más el Gobierno publica normas o proyectos de normas que opacan la gravedad de la anterior, todas dirigidas a consolidar un gobierno centralizado y minar la capacidad del sector privado. Claro, esto no solo ocurre con el sector agropecuario sino en todos los frentes económicos y sociales del país. Es el gobierno contra el país, porque las reformas y proyectos afectan tanto a ricos como a pobres, no fortalecen las bases de crecimiento económico, ni crean riqueza e ingresos, que es lo que mueve a una economía y generan oportunidades para todos (leer A garrote contra la democracia).

La lectura de sus acciones no puede ser distinta. Venimos de una reordenación productiva con la famosa zonificación de la producción agrícola bajo la dirección del Estado —que se materializará a través de las AEIPDHA (Áreas de Especial Interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación), las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) y las ZPPA (Zonas de Protección para la Producción de Alimentos)—, con el telón de fondo de la expropiación a como dé lugar y el estruendoso fracaso de la política de paz.

Pero ahora pasamos a otros niveles, al de la toma de control de las entidades privadas. No ha pasado un mes de la Resolución 000052 de 2025 del Ministerio de Agricultura, que le otorga amplias facultades al Gobierno para remover administradores, suspender personerías jurídicas, imponer multas millonarias, intervenir en la administración y exigir información financiera, coactando la libertad de asociación y la autonomía gremial, y ahora el gobierno promueve un proyecto de decreto que modifica las tarifas de retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, en donde los autorretenedores también sean sujetos de retención, como si esto fuera a rescatar al país de la hecatombe de la finanzas publicas mientras el gasto sigue inamovible.

Sobre el último proyecto expertos señalan esencialmente tres puntos: que le da vía libre al Ejecutivo para regular por decreto el cobro de la retención en la fuente sin pasar por el Congreso; dos, que, en medio de un estancamiento económico, las empresas quedarían sin oxígeno financiero; y tres, que los sectores más golpeados son los que soportan buena parte del aparato económico: el agro y la minería. También advierten que afectaría a los gremios al crear una tarifa de autorretención del 3.5 % que no va a poder descontar de un impuesto a cargo frente al cual imputar dicha autorretención. En suma, es aplicación de las distintas formas de lucha para acabar con los gremios.

Todas estas maromas en medio de la inseguridad galopante que reina en el sector rural y en donde la ley la imponen grupos armados ilegales en defensa de rentas ilícitas; ad portas de una descertificación de Estados Unidos al país; de un futuro incierto para los productores de leche por la importación de lácteos desde Estados Unidos sin aranceles, y, de contera, buscando males donde no se le ha perdido al coquetearle a China y empeñarle nuestro desarrollo. ¡Esto es una pesadilla, el sector agropecuario está sitiado por quien se creía era su promotor!