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Hay funcionarios gubernamentales que no parecen ser conscientes de que sus decisiones tienen consecuencias. En un momento en que eran cuestionados por su incapacidad para cumplir con sus promesas, en lugar de acelerar la ejecución, los encargados de impulsar la reforma agraria han preferido recurrir a mecanismos que aumentan las tensiones sociales.
Había pasado un año y solo habían comprado el 4,3 % de la tierra disponible en el fondo de tierras y habrían entregado el 2 % de las 500.000 hectáreas fijadas como meta. Pero, para dar la impresión de avance, anuncian un decreto “por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”. Y luego advierten que habrá movilizaciones financiadas con recursos públicos para defender las reformas de este gobierno. Más allá de lo inconstitucional e inconsistente del proyecto, el anuncio ha producido un innecesario clima de tensión política y social y una preocupación porque pone a los campesinos como carne de cañón.
Primero, porque con el proyecto de decreto se institucionaliza el mensaje de que las reformas son viables cuando se recurre a mecanismos de presión como las movilizaciones sociales. Eso que lo digan quienes están en la oposición. Pero que lo promueva un gobierno electo democráticamente, que tiene en sus manos los mecanismos para lograr su aprobación, no implica otra cosa que usar a los campesinos para que le aprueben sus reformas. ¿O será que el actual gobierno promoverá y financiará (con la misma convicción) las movilizaciones campesinas que estén en contra de las reformas que propone Petro?
Y segundo, porque la institucionalidad que propone el texto para la movilización campesina puede ser aprovechada por intereses de terceros que querrán beneficiarse de los mecanismos propuestos. Ya vimos cómo las organizaciones armadas ilegales han utilizado la figura de las guardias campesinas para forzar a los campesinos a participar en eventos políticos promovidos por ellos (so pena de ser multados o desterrados), o para que se movilicen presionando la salida del Ejército o la Policía en zonas controladas por los ilegales.
El riesgo en que se pone a los campesinos recuerda la llamada “acción con daño”. Es un principio socio-jurídico que ha ganado terreno en los contextos de conflicto armado en que los Estados tienen que tomar medidas para proteger a los ciudadanos o restaurar la dignidad de las víctimas. Allí, los gobiernos tienen la obligación de evaluar las consecuencias que puedan tener las medidas que toman, para prevenir o evitar el daño (no intencionado) en una población. No solo es un imperativo ético. También es una obligación jurídica.
Colombia tiene una pesada y triste tradición en que los gobiernos, aún sin tener la intención, han tomado medidas cuyas consecuencias no han evaluado lo suficiente y han terminado como “acción con daño”. Ahí están el palacio de Justicia, los ‘falsos positivos’ y una larga lista de hechos que citar.
El gobierno Petro todavía no está a salvo. En la elaboración de sus decretos, no está teniendo el cuidado para evitar “acciones con daño”. Basta ver los decretos de cese del fuego, que se expidieron para “suspender la afectación humanitaria de la población, en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación”, pero han terminado facilitando a los armados ilegales ampliar su control territorial y someter a los pobladores a condiciones que violan sus derechos fundamentales; y a las autoridades locales las deja expuestas a los ilegales, como el que ocurrió con el alcalde de Rosas (Cauca), a quien le fue secuestrado su hijo por las disidencias, como medida para llevarlo a juicio.
El Gobierno debe evaluar bien que sus reformas y medidas, como la expropiación exprés o la movilización campesina, no vayan a terminar afectando los derechos de los colombianos ni permitiendo la repetición de situaciones que creíamos desaparecidas. No solo es un imperativo ético. También, una obligación que evita estigmatizar a los campesinos o los convierta en carne de cañón para los ilegales.