Toda la cronología, documentada por el extinto INCORA, regionales de INCODER, Fiscalía General de la Nación, Fiscalías Regionales de Bucaramanga y Cartagena y Ejército Nacional, refleja una sola verdad: el uso de la estrategia de inversión revolucionaria, donde un grupillo ha recurrido a toda una estratagema política, jurídica y periodística sin precedentes.

Esta es la historia:   Desde 2006, Misael Payares, un antiguo trabajador con 17 años de antigüedad de la Hacienda Las Pavas, funda la asociación campesina ASOCAB, representada por Rafael Cárcamo – ingeniero agrónomo contratista de Minagricultura – e inicia diligencias ante el antiguo INCORA (luego INCODER), para la compra de predios con destino a reforma agraria.   Al recibir respuesta negativa argumentando falta de recursos de la entidad, decidieron adelantar una cruzada para tomársela de cualquier forma, inventando primero abandono del predio y posteriormente desplazamiento forzado; hecho nunca antes mencionado en ninguna de sus solicitudes.   Según funcionarios del INCODER, en declaraciones ante la Fiscalía Quinta de Delitos de Desplazamiento Forzado, los argumentos iniciales de Asocab solo incluían negociaciones con el antiguo propietario, puesto que sí existían recursos para compra de tierras para desplazados y lo curioso es que sólo hasta Mayo de 2009, ASOCAB presenta la denuncia por supuesto desplazamiento, en cabeza de su ex-miembro, señor Pedro Moreno Redondo; quien en 2011 se retira de la asociación y declara ante la Fiscalía que el hecho nunca había existido y que todo había sido un montaje calculado para apoderarse de Las Pavas.   En este mismo sentido, el Representante de Asocab, Rafael Carcamo, narró ante la Fiscalía y luego ante el mismo Consejo de Estado, que funcionarios del INCORA habían recibido dinero de ASOCAB para iniciar extinción de dominio y además habían dado aportes de la guerrilla para tomarse la finca a la fuerza. Por último, también declaró que en la zona, en donde él estuvo entre 1996 y 2006, nunca hubo desplazamientos forzados, muertes selectivas o masacres.   En abril de 2011, en oficio dirigido al CTI de Cartagena, la Fiscalía logró determinar que nunca hubo violencia ni desplazamiento en esa zona, que todo había sido una farsa y decidió archivar el expediente y compulsar copias contra los dirigentes de Asocab, por falso testimonio, fraude procesal y concierto para delinquir.   Sin embargo, la presión ejercida desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Clínica Jurídica de Tierra y Territorio de la Universidad Javeriana, y en especial a través del sacerdote jesuita Francisco de Roux sobre la entonces fiscal Vivianne Morales, logró la reapertura del caso sin existir ningún mérito ni prueba sobreviniente.   El proceso reabierto es entonces trasladado a la fiscalía especializada en DDHH de Bucaramanga, que luego de cinco años de acopio probatorio y entrevistas a jefes de las AUC como Julián Bolivar, que también afirma lo ya reiterado en cuanto a la inexistencia de hechos de desplazamiento forzado, engaveta el expediente, que finalmente es remitido a Bogotá a la Unidad de articulación de la Fiscalía, donde construyen un contexto inexistente y a través de un operativo donde despliegan helicópteros y camionetas blindadas, capturan trabajadores y campesinos humildes de la región como responsables del imaginario desplazamiento.   Lo curioso es que en octubre de 2015, el Presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, ya había certificado también que el desplazamiento forzado nunca había existido.   Imaginen ustedes quiénes están detrás de la humilde «asociación campesina» que quiere establecer jurisprudencia para sentar un precedente y, basada en ella, arrebatar la propiedad privada en donde se les antoje.   En próxima entrega: los protagonistas del asalto. Mariafernandacabal.co, 16 de octubre de 2017