Ante el triste panorama de la economía colombiana que dejan estos dos terribles años de gobierno petrista, el ocupante de la Casa de Nariño lanzó, en su discurso del 9 de agosto pasado, en Manizales, una serie de pistas sobre cómo lograr, según él, la “reactivación productiva” de Colombia.

Aparentemente su plan es simple y popular. Por boca de Laura Sarabia, el jefe de Estado estimó que su nueva batería de medidas busca “mejorar la productividad, generar más empleos, atraer la inversión y elevar, sobre todo, los ingresos reales de cada uno de los colombianos".

¿En qué consiste ese plan? Dos frases son claves para entender el asunto: “inversiones forzosas” y “ahorro público”.

En el Foro de Reactivación Económica Petro dijo que quiere “combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento” para hacer la “transición a una economía descarbonizada y a una economía productiva”.

¿De dónde sacará él los dineros para hacer esas “inversiones”? ¿Por qué éstas deben ser “forzosas”? Respuesta: porque los dineros que él quiere movilizar a su antojo no hacen parte del presupuesto del Estado.

En realidad, ese plan es nefasto y va a empeorar aún más la carestía de la vida y exponer a nuevos riesgos a las familias que están quedándose sin sistema médico y sin seguridad social, pues el meollo del asunto son los ahorros de los colombianos.

Entendamos bien qué es el ahorro. Ese término designa los activos que no son usados para el consumo diario. Es lo que los hogares tienen en líquido o en libretas de ahorro y cuentas bancarias, en bienes muebles, en sus seguros de vida, en activos de bajo riesgo, en portafolios de acciones e, indirectamente, en bonos del Estado. Son dineros destinados a transmitir en herencia a sus hijos o para atender emergencias. Las cesantías de los trabajadores también hacen parte de esa noción. En el campo empresarial hay igualmente ahorro: su objetivo principal es acumular recursos para enfrentar situaciones imprevistas o cumplir metas a largo plazo.

Darle una destinación diferente al ahorro —emplearlo para construir hoteles, por ejemplo, como quiere Petro—, es pisotear los derechos ciudadanos. En el fondo es afectar el derecho a la propiedad privada. Todo eso encubre una amenaza: la expropiación y el estatismo socialista que trata de poner de rodillas a los bancos y otras instituciones que administran el ahorro.

Por eso el gobierno apela al adjetivo “forzoso”. Estamos pues ante un nuevo plan autoritario que Petro pretende hacer pasar como la cosa más natural del mundo.

Esa política va acompañada, obviamente, de otro plan no menos destructivo: abandonar los sectores que Petro y sus socios consideran malignos, aunque son, en realidad, pilares centrales de la economía colombiana: la ganadería, el sector minero, energético y petrolero, a los que él castigará con nuevos impuestos, para que Colombia tenga que transferir a la dictadura venezolana billones de dólares por importaciones de combustibles que hasta hoy eran innecesarias.

En su discurso en Manizales, leído en telepronter, Petro habló de un “ahorro público˝. El “ahorro público”, es el que realiza el Estado una vez ha cubierto sus necesidades de funcionamiento (gasto público). Antes de eso, no hay ahorro y sí un déficit, el cual el Estado trata de reducir con aumentos de impuestos. Como en Colombia el ahorro público fundió como la nieve, Petro tiene en mira el ahorro privado.

Petro afirmó que “el actual sistema ha impedido la democratización del crédito agrario en Colombia”. Esa propaganda oculta el hecho de que el terrorismo leninista y el narco-comunismo que azotan a Colombia desde hace más de 60 años, sobre todo en los sectores agrario y rural, es el principal factor del atraso agrícola.

El presidente simuló ignorar otras realidades de la economía. Dio a entender en Manizales que el ahorro “está quieto en los bancos” y que él, sin haber creado una sola empresa, sacará esos dineros de allí para desarrollar sectores que él quiere privilegiar. ¿Vale la pena decir dónde está el error?

Lo más curioso es que Gustavo Petro parece haber copiado simplemente una propuesta sobre desvío y manipulación caprichosa del ahorro de los hogares, lanzada unas semanas atrás en Francia —país donde el déficit público se ha disparado—, por una diputada de extrema izquierda. El 2 de abril, en efecto, Sandrine Rousseau dijo: “Francia es uno de los países cuyos ahorros nos permitirían recuperar el control de nuestra deuda”.

Tal idea cayó como una bomba y fue rápidamente rechazada por ahorradores y políticos. Una de las primeras en lanzar la alerta fue Marine Le Pen (del partido derechista Reunión Nacional). En un tuit del 3 de julio escribió: “Los franceses que trabajan y han ahorrado durante toda la vida […] serán desangrados sin piedad si la coalición de extrema izquierda y Jean-Luc Mélenchon llegan al poder”.

Destacados economistas definieron la propuesta de la diputada eco-feminista como un disparate. Philippe Crevel, director general del Círculo de Ahorro, calificó de “herejía” la idea de Rousseau. Y explicó: “El ahorro financiero en Francia representa hoy 6.000 millones de euros cuando la deuda pública ronda los 3.000 millones. ¿Ella decidiría que el 50% de esos ahorros, es decir 3.000 millones de euros, eliminarían la deuda pública? Hacer algo así equivale a declarar al Estado en estado de quiebra.” Y advirtió: “Entonces nadie, ni en Francia ni en el extranjero, querría prestarle al Estado francés si éste se atreve a destinar todo o parte del ahorro de los hogares al servicio de la deuda pública”.

Llama la atención que cinco meses después de ese incidente, Gustavo Petro propone hacer maniobras poco claras con el ahorro y las cesantías de los colombianos. En su discurso Petro dijo que, entre otros, los dineros del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), una exitosa entidad creada en 1968 por el presidente Carlos Lleras Restrepo y hoy sociedad de economía mixta, serían “traducidos” (sic) “hacia los sectores de la producción” que él no repudia todavía. Tal traslado de fondos podría ser vertido brutalmente en los proyectos que cuentan con el apoyo del régimen, en menoscabo de los intereses de los hogares y de la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la compra o mejora de vivienda y a la liberación de gravámenes hipotecarios. Esa idea de Petro fue mal recibida, pero los críticos se centran sobre el problema del carácter “forzoso” de la maniobra, dejando de lado el punto central: lo que está en peligro es uno de los mecanismos más importantes para construir bienestar en una sociedad liberal.

12 de agosto de 2024