Esta historia de violencia se repite en la Colombia cocalera, cada día más extensa: en Chocó, Nariño, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y donde quiera que esa mancha verde-clara de coca se expande, destruyendo, corrompiendo y afectando también a la Colombia urbana, con su secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico, que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana”.

En marzo, la “movilización campesina” en Los Pozos, Caquetá, con alerta temprana de Procuraduría y Defensoría sobre infiltración de las disidencias, terminó con un campesino asesinado, un policía degollado y 70 compañeros en “cerco humanitario”, ¡vaya eufemismo!; las instalaciones de la petrolera Energy destruidas y el retiro de la empresa, con pérdida de empleos, regalías, impuestos… ¿Quién ganó?, el grupo ilegal, que fortaleció su control territorial sobre una población sometida y hoy empobrecida.

Porque “el palo no está para cucharas”, no son gratuitos mis reparos a esa combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, primero, y el más reciente, en el cual, desde el título y el primer artículo, se hace un “Llamado a la movilización y organización campesina” para, entre otras cosas, la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.

Ahora bien, mis reparos no buscan controvertir, sino advertir, porque el buen aliado no es el que aplaude, sino el que advierte los problemas y mueve a la reflexión, el que confronta con argumentos y respeto a la diferencia, porque el disenso, o mejor, la búsqueda de su antónimo, el consenso para facilitar la convivencia es fundamento de la democracia.

Hecha esta salvedad, me surgen las preguntas: ¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si, primero, nadie la está atacando, y segundo, la reforma agraria INTEGRAL, es decir, no limitada a un título de propiedad, es responsabilidad del gobierno mismo?

¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a los campesinos y, para ello, firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, el cual disparó las ofertas voluntarias de venta, que hoy sobrepasan el millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra, además de las cerca de 500 mil que la justicia les ha quitado a los delincuentes y están en poder de la SAE?

Al 30 de agosto, en esa Colombia cocalera, entre el Clan del Golfo, el ELN, el EMC y otras disidencias, tuvieron 80 confrontaciones y cometieron cerca de 1.200 acciones delictivas; entonces, si la situación de orden público es tan crítica y, de contera, atravesamos un año difícil de elecciones regionales, ¿tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización campesina, a sabiendas de los riesgos de instrumentalización violenta de las comunidades que se movilizarían, por cuenta de grupos ilegales que detentan control territorial en más de 300 municipios?

Definitivamente, sin menoscabo del derecho a la movilización pacífica, promoverla desde el Gobierno no es buena idea; el Estado está para garantizar derechos, no para promover movilizaciones. El Gobierno no debe olvidar que es el responsable del orden público… y el “palo no está para cucharas”.

@jflafaurie