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Al igual que mi amigo, muchos de los colombianos que votaron sí lo hicieron sobre la base de ver a los cabecillas de esa organización terrorista entrar en la política luego de haber pasado por los tribunales bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Lo que ocurre es que los hechos muestran otra cosa y se está configurando un engaño más del Gobierno a todo un país.
¿Cómo opera el engaño? Para empezar, las órdenes de captura de los cabecillas ya fueron levantadas y en la creación de la JEP queda claro que ninguna sanción puede afectar los derechos políticos de los procesados. Así las cosas, los cabecillas de las Farc podrán presentarse a las elecciones del año 2018 sin haber sido investigados y sancionados por la justicia especial configurada a la medida de las pretensiones de impunidad de los líderes de la organización criminal. ¿Debe existir participación política después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción? La respuesta es sí. No hay duda que en un proceso de paz pueden crearse partidos y permitir que simpatizantes de la nueva estructura lleguen a cargos de elección popular. Lo que ocurre es que esa elegibilidad política no debería permitirse para responsables de delitos graves o crímenes de lesa humanidad sin haber pasado por un riguroso proceso de investigación y sanción, así sea transicional, donde manifiesten toda la verdad y cumplan con mecanismos confiables de reparación económica, material y moral a sus víctimas. Si los cabecillas de las Farc llegan a cargos de elección popular en el 2018 sin haber sido investigados y sin haber cumplido penas, así sean alternativas, se habrá consumado la más burda impunidad y el más vil engaño a quienes fueron persuadidos por un gobernante que aseguró justicia como prerrequisito para ejercer la política. La Corte Constitucional y la Corte Penal Internacional no pueden ser indiferentes a esta grave situación. Por el lado del tribunal constitucional se debe exigir que sin cumplir los principios de sanción efectiva, se habría vulnerado su jurisprudencia. Y por el lado de la CPI, ver a los responsables de graves crímenes internacionales llegar al Congreso sin haber agotado las instancias instructivas y sancionatorias, sería una burda elusión de los principios de proporcionalidad reconocidos en el Estatuto de Roma. Todo esto agregando que las sanciones que imponga la JEP no pueden afectar los derechos políticos de los procesados que sean miembros de las Farc. Permitir que los jerarcas de las Farc sean elegibles sin que pasen por la justicia es una afrenta a todo un país. Ojalá en lugar de mantener el sigilo el Presidente le diga la verdad al país. El Colombiano, Medellín, 03 de julio de 2017