Contra los pronósticos de muchos columnistas, la presión subliminal de los resultados equivocados de las encuestas, los ríos de dinero a favor del ‘Sí, y la fuerza de los gobiernos nacional, departamental y municipal, el 2 de octubre del 2016, la mayoría de los votantes rechazó el acuerdo Santos-‘Timochenko’.

Aquella jornada fue histórica y se convirtió en una de las páginas más importantes de la vida democrática colombiana. Ese día, se acudió, por primera vez, al plebiscito consagrado en la Constitución del 91, con el fin de buscar un mandato de los ciudadanos respecto del documento rubricado por el Presidente de la República y el jefe de la organización terrorista con quien negoció todos los temas de interés nacional.   La expectativa no podía ser mayor, entre otras cosas, debido a que los firmantes habían acordado aceptar el mecanismo de refrendación que determinara la corte constitucional, con sus consecuencias. Todo indicaba que el curso de los acontecimientos, a partir de esa fecha, iba a ser decidido y determinado por el soberano en las urnas.   Cuando los resultados empezaron a conocerse, se vivió un natural clima de tensión, toda vez que la administración Santos se había dado a la tarea de dividir falazmente a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, y de crear un ambiente artificial de apoyo a lo que había hecho hasta el momento.   Sin embargo, los ciudadanos pudieron dormir tranquilos después de los escrutinios, gracias a que Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje tranquilo y sin triunfalismo, mediante el cual convocó a la búsqueda de un gran acuerdo nacional para la paz. Como se había invitado a votar a favor del ‘No’ para buscar un acuerdo mejor, una vez conseguido ese primer objetivo, el paso siguiente consistía en mejorarlo cambiando varios puntos.   De lo que se trataba, entre otros aspectos, era de impedir la impunidad para los culpables de los más graves delitos; cerrar la puerta a la consideración del narcotráfico como delito conexo al político; frenar el propósito de incorporar el acuerdo a la Constitución; defender la propiedad privada y los derechos de los poseedores de buena fe; preservar las seguridades jurídicas destrozadas por la jurisdicción especial para la paz; ponerle freno al objetivo de crear un tribunal político revanchista; defender la separación e independencia de los poderes; garantizar el respecto a la regla fiscal; cerrarle la puerta a la ideología de género; defender la descentralización, y garantizar la vigencia de la democracia.   La idea de conseguir un entendimiento nacional fracasó por los afanes y soberbia del gobierno, y la prepotencia de las Farc. Por esa razón, lo que hoy se tiene es apenas un papel frágil e interino. Riesgoso, además, como se había advertido, habida cuenta de que el paso más reciente consistió en convertir a actores políticos militantes contra la oposición democrática en magistrados. ¡Qué horror!    Todos los peligros e inconveniencias que se anticiparon hacen parte, ahora, de inquietantes realidades.Afortunadamente, puede y debe afirmarse que los autores del ‘conejo’ se equivocaron porque el ‘No’ sigue vivo.   Portafolio, Bogotá, 03 de octubre de 2017

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