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La justicia en Colombia requiere una cirugía profunda y rigurosa. Seguir por el camino que vamos, será un factor de atraso institucional insalvable.
Nadie puede discutir que la justicia en Colombia requiere una reforma estructural. No solo porque estamos viviendo un bochornoso ambiente de corrupción, sino porque su operación y funcionamiento es terriblemente complejo, burocrático y difícil de ordenar. ¿Por dónde empieza el problema? Tenemos muchos magistrados en las altas cortes, muchos órganos de cierre, muchas jurisdicciones, muchas sentencias, muchos criterios de interpretación y, por ende, muchos conflictos de competencia. Solo para iniciar la evaluación de la complejidad, tenemos 88 magistrados en las altas cortes, que incluyen 31 en el Consejo de Estado, 9 en la Corte Constitucional y 23 en la Corte Suprema, a los cuales se les debe agregar 12 de la Sala Laboral de Descongestión, 6 de la Sala de Administración, en el Consejo Superior de la Judicatura, y 7 de la Comisión de Disciplina Judicial del mismo ente. Si a este torrente de magistrados le agregamos los 20 que traería la tal ‘JEP’, tendríamos 108 magistrados en las altas cortes, es decir, más que el número de senadores. Lo grave no es solo este esquema tan profundamente burocrático, sino la dificultad para nuestros jueces en lo referente al precedente jurisprudencial para tomar decisiones a partir de los lineamientos contenidos en las providencias de las altas cortes. Solo la Corte Constitucional, entre 1992 y el año 2017, ha emitido 24.541 sentencias, de las cuales 18.293 son tutelas y 6.248 corresponden a decisiones de constitucionalidad, sumado a cerca de 6.783 autos. Solamente en el 2016 la Corte, que vela por la interpretación de nuestra Carta Política, emitió 719 sentencias. Como si esto fuera poco, el Consejo de Estado tiene registros entre los años 1915 y el 2015, de cerca de 150.000 decisiones, la Corte Suprema de Justicia tiene cerca de 300.000 providencias digitalizadas, y el Consejo Superior de la Judicatura tiene, hasta el 2011, más de 93.000 providencias que cubren el Tribunal Disciplinario, anterior a la Constitución de 1991 y sus actuaciones propias. Con esta inmensa cantidad de decisiones, es difícil para los jueces tener un precedente ordenado para orientarse en sus actuaciones. Este entorno de la justicia en nuestro país lo agrava que, desde la expedición de la Constitución de 1991, se han promulgado más de 1867 leyes y tenemos una Constitución de 380 artículos, con más de 45 actos legislativos, a los que se le agregan todos los tratados pertenecientes al bloque de constitucionalidad. Una reforma seria a la justicia requiere que tengamos una política en la Rama para la selección de talento, que fortalezcamos las primeras y segundas instancias, que limitemos el papel de las altas cortes y que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación. También se requiere gerencia en los circuitos jurisdiccionales, expedientes electrónicos, focalizar mejor la tutela, mejorar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, evaluar la calidad de providencias, fomentar el arraigo territorial de los jueces y fomentar el ascenso en la Rama con excelencia en la evaluación. La justicia en Colombia requiere una cirugía profunda y rigurosa. Seguir por el camino que vamos, será un factor de atraso institucional insalvable. Portafolio, Bogotá, 13 de septiembre de 2017