/?w=256&q=100)
Como si no fuera suficiente el primer puesto entre los productores mundiales de cocaína, ayer nomás nos subimos a otro podio, compartido en Latinoamérica, con Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana: el de los países donde más de un millón de personas enfrenta inseguridad alimentaria aguda.
Según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias, una alianza entre la ONU y otras organizaciones internacionales, 1,3 millones de colombianos y 2,9 millones de inmigrantes o refugiados no tienen acceso a mínimos aceptables de alimentación.
No es, sin embargo, algo nuevo y puede ser aún peor. Para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en su informe de febrero de 2024, aunque se redujo del 30% al 25%, todavía hay 13 millones de personas afectadas por inseguridad alimentaria moderada o severa, con 1,6 millones en esta última condición, literalmente infrahumana.
No podría ser diferente en un país donde la pobreza multidimensional, que mide 15 indicadores, afecta a más de seis millones de personas, mientras la monetaria, que mide “plata en el bolsillo”, en su nivel extremo afectaba al 11% de la población en 2022, cerca de seis millones de compatriotas que subsistían con 6.600 pesos diarios.
¿Por qué Colombia, que podría ser despensa mundial, no logra alimentar siquiera a sus habitantes? El nuestro es un país de simplificaciones, en el que muy fácil se afirma que en las tierras ganaderas se deberían cultivar alimentos, como si la carne y la leche no lo fueran, y esta última, sobre todo, no fuera determinante en la lucha contra el hambre; el país de las 300.000 hectáreas de coca, pero en el que, según FENALCE, en 2022 apenas había 270.000 de maíz en el semestre más productivo del año.
Es el país que lleva décadas en el debate ideologizado de las causas, esquivando el de las soluciones, que no dan espera, porque es hambre pura y dura de millones de personas, y si queremos lograr un Gran Acuerdo Nacional, pues uno contra el Hambre sería gran anticipo.
La solución estructural es sacar al campo del abandono para multiplicar la oferta alimentaria, pero en el entretanto, se impone ese “Acuerdo Nacional contra el Hambre”, que convoque a todos los eslabones de las cadenas de mayor incidencia en la canasta básica, en el marco de una política pública que lo haga posible.
Voy a hablar de lo que conozco: los ganaderos producimos anualmente más de 7.000 millones de litros de leche, pero la industria compra menos del 50% y durante 2023 importó más de 72.000 toneladas. Por estas razones, y por los fenómenos climáticos, en 2023 empezó a caer el precio al productor, en su mayoría pequeños y medianos ganaderos, sin que sucediera lo mismo con el precio al consumidor en la tienda de barrio. Como resultado, cayó también el consumo, mas no en los estratos que no miran el precio, sino en los que hacen parte del hambre en Colombia.
Hemos propuesto alianzas gobierno-productores-industria, para producir leche de bajo precio para sectores populares; hemos propuesto institucionalizar la leche en las compras del ICBF y la Fuerza Pública, en lo que algo se ha avanzado; acabamos de proponer alianzas público-privadas para sustituir importaciones por pulverización local de leche, y el Fondo de Estabilización de Precios administrado por FEDEGÁN, acaba de aprobar una partida de $4.000 millones para paliar la crisis lechera.
Solo la política pública puede hacer posible un Acuerdo Nacional contra el Hambre, con la cadena láctea y con las que pueden disminuir con impacto la inseguridad alimentaria, porque el hambre, por fuera del cine de ficción…, nunca es un juego.
@jflafaurie