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Para enfrentar el gran desafío que deberá encarar el país a consecuencia de la brusca caída de los precios del crudo el Gobierno Nacional se debe aprestar a tomar, sin pérdida de tiempo, medidas contundentes tendientes a aumentar la producción de crudos y además estimular la búsqueda y hallazgo de más reservas, única manera de hacer sostenible la meta de producción por encima del millón de barriles. Ya se sabe, porque están claramente identificadas, las causas principales que están frenando la exploración y la producción: los atentados terroristas, los bloqueos y protestas sociales y las dilaciones en los procesos de licenciamiento ambiental, así como en el trámite de las consultas previas.
Para remover tales escollos es preciso implementar una estrategia, la cual pasa por el alineamiento del Gobierno central con las autoridades territoriales, que deben ser tenidas en cuenta, que se articule la acción del Estado con la de las empresas que operan en el país y, desde luego, es imprescindible propiciar el diálogo social, para el cual dejamos establecida una plataforma a nuestro paso por el Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos. Se trata de la Estrategia de gestión territorial de desarrollo humano de la industria extractiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De su implementación depende que la industria petrolera pueda lograr hacerse a la Licencia social, ganándose la confianza de las comunidades. Las empresas podrán contar con la Licencia ambiental, haber superado con éxito la consulta previa cuando hay lugar a ella, pero si no se hace a la Licencia social los proyectos se tornan inviables.
Pero, no basta con promover y propiciar la mayor producción de crudos, esta es una condición necesaria pero no suficiente para superar la encrucijada actual, se requiere adicionalmente tomar medidas de largo aliento que le permitan al país diversificar su base productiva y sus exportaciones, con miras a superar la reprimarización en que ha recaído su economía y sus daños colaterales. Por ello, nos parecen atendibles las observaciones y recomendaciones recientes del Consejo Privado de Competitividad. Su propuesta no puede ser más pertinente y oportuna.
Como lo plantea su Presidenta Rosario Córdoba Garcés, “esta propuesta de Política de Desarrollo Productivo, entendida como los esfuerzos para incrementar el nivel de sofisticación y diversificación del aparato productivo colombiano, es un insumo muy valioso para la discusión del país, especialmente en el contexto actual en donde queda claro que terminaron los vientos de cola que impulsaron la economía colombiana en los últimos años”. Ahora que se está en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo para el segundo período de la administración Santos es la oportunidad de acoger y poner en marcha esta magnífica propuesta, que coincide en lo fundamental con la recomendación de la CEPAL y su Secretaria ejecutiva Alicia Bárcena.
En ello coincide, además, con el autor del best seller Por qué fracasan los países, el profesor James A. Robinson, cuando afirma que “el país tiene que encontrar la forma de diversificar la economía…El crecimiento económico caerá si el auge de los commodities llega a su fin…la devaluación del dólar significó la revaluación del Euro y de las monedas de América Latina y contribuyó a ampliar el ciclo de los productos básicos”, tendencia esta que empezó a revertirse en 2012.
Además de propugnar por la diversificación de la economía es menester preservar y defender el terreno ganado en materia de empleo, reduciendo el desempleo a un solo dígito y en pobreza, reduciéndola en 3.6 millones de personas entre 2010 y 2014. Para ello es menester contemplar medidas contracíclicas y reforzar los programas sociales en favor de la población más vulnerable y de esta manera evitar que demos marcha atrás en los logros sociales alcanzados.