Sin embargo, los magistrados, que al parecer saben más que los expertos, le dieron un portazo a la posibilidad de los pilotos, recomendados para establecer los riesgos, definir medidas de mitigación, normativas técnicas y el fortalecimiento institucional para un manejo controlado.

Aún no hay pronunciamiento de fondo, pero es mala señal que el Consejo haya dejado en firme la suspensión de los actos administrativos que reglamentaban el fracking provisionalmente. De confirmarse esa posición, el país estaría condenado a ser inviable económicamente en el mediano plazo, pues las reservas con explotación convencional alcanzan para seis años de crudo y diez de gas. Después…, a importar.

El país no se imagina ese escenario. Dejaría de recibir 20 billones de pesos en divisas y las reservas se consumirían en el pago de las importaciones petroleras. Después… el caos. El Gobierno dejaría de recibir 10 billones en impuestos y las regalías serían algo del pasado. Se estancarían las obras públicas y el empleo, y ni hablar de proyectos sociales, entre ellos la implementación del Acuerdo, que nació desfinanciada, como toda promesa populista.

Colombia perdería credibilidad y competitividad, y la inversión extranjera caería dramáticamente. Las costosas importaciones afectarían primero el transporte y los alimentos, jalonando la economía hacia la inflación desbordada y la derrota en la lucha contra la pobreza. ¿Quién responderá cuando eso suceda?, ¿acaso el Consejo de Estado?

Nos enfrentamos a una justicia que parece vivir en un país diferente al que a pulso construimos todos los colombianos. Los casos asombran: desde el “cartel de la toga”, la “volada” de Santrich, la impunidad de la JEP y las libertades por vencimiento de términos, hasta los jueces que, sin mayores argumentos técnicos –pero sí muchos políticos–, le dan vía libre al microtráfico en las ciudades, bloquean la erradicación de cultivos ilícitos –la maldición de Colombia–, detienen megaproyectos como la Carrera Séptima en Bogotá, echando por la borda millonarios recursos, aprueban inverosímiles tutelas para garantizar los más extraños e insólitos “derechos” en materia de salud, que tienen colapsadas a las EPS, y ahoraempujan al país por el camino de la quiebra.

Es el gobierno de los jueces, ciegos a la realidad del desarrollo sostenible del fracking, que es posible y al que le apuestan Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, entre otros. Es la coadministración desde la justicia, herencia de la Constitución del 91, que decide lo que se hace y no se hace, al vaivén de corrientes de opinión que se manipulan sin escrúpulos en las redes, vendidas como lo “políticamente correcto” y como la “nueva democracia”. Es el gobierno de jueces sin el mandato ni la responsabilidad del gobernante.

Hay que diversificar exportaciones, ¡claro!; y también la canasta energética, ¡claro!; y hay que acelerar la reconversión del transporte hacia energías más limpias, ¡claro!, pero mientras tanto es irresponsable cerrarle la puerta a la autosuficiencia petrolera con la precaución recomendada por los expertos, pues el petróleo seguirá necesitándose. No solo es una talanquera al progreso del país, sino un suicidio económico, patrocinado, como siempre, por la izquierda, que extiende su mano populista a incautos ambientalistas que sueñan un mejor país, pero a espaldas de la realidad.

@jflafaurie.