En su entrevista dominical con Yamid Amat, el fiscal general Eduardo Montealegre Lynett mostró un aspecto de su personalidad que muy pocos conocíamos: un cierto desenfreno verbal y una capacidad cierta para intimidar a las mayorías y minorías que no piensan como él.

Un punto interesante: soslayó en esa entrevista el concepto que él había lanzado dos o tres días antes acerca de la información clandestina de las Farc como “secretos de Estado”, la cual es, para él, intocable. Sin embargo, el sigue dispuesto a meter a la cárcel a quien se atreva a pinchar o a interceptar o a descubrir qué dicen entre sí los “negociadores” de las Farc en La Habana o lo que exigen los jefes de esa banda a sus agentes en Cuba. Eso es inadmisible.

Lo más curioso es que el servicio de espionaje interior cubano, el llamado G2, apareció, por fin, como actor en estos asuntos, en una información del 10 de mayo de El Tiempo. Tras escuchar a la Fiscalía, ese matutino reveló que las Farc le piden al G2 que los ayude. “Un mensaje de las Farc decía: ‘Pilas, nos están espiando desde allá adentro; avísele al G2 (servicio de inteligencia cubano) para que nos hagan la contra (...)’”.

El G2 se encarga de la seguridad interior y de la represión en Cuba. Dispone de 50 mil agentes repartidos en varios departamentos, con misiones específicas. Pero no es el único grupo de espionaje: hay ocho más, incluyendo uno que actúa en el extranjero, la DGI. Según Juan Vivès, disidente y exagente secreto cubano, “cuando un individuo cae en manos del G2 por un presunto delito contra la seguridad del Estado es inmediatamente encarcelado  en un centro de detención, donde es interrogado y de donde nadie sale sin una condena”.

Descubrir que las Farc piden al tenebroso G2 cubano que los ayude en su operación secreta en La Habana porque los están “espiando desde allá adentro” [no se sabe si desde Colombia] es visto por Eduardo Montealegre no como una confirmación más de que las Farc disponen de la ayuda técnica y militar de la dictadura cubana en los “diálogos” con Santos, sino como un “saboteo al proceso de paz”. Asombroso. Montealegre afirma que ese dato fue descubierto por Andrés Sepúlveda Ardila y que con ese elemento elaboró un Power Point el 8 de marzo de 2014. Por eso el joven investigador está ahora en un calabozo del “bunker” de la Fiscalía. Inaudito.

Yo sostengo que las informaciones clandestinas de las Farc no son “secretos de Estado” pues las Farc no son un Estado, ni hacen parte del Estado colombiano. Ni el Estado colombiano, ni la Fiscalía, en particular, pueden hacer creer que esas averiguaciones constituyen un delito o un crimen. La valoración en ese sentido del señor Montealegre es un abuso de autoridad, para decir lo menos. Ante el secreto indebido que rodea la operación de La Habana, Colombia tiene el derecho y el deber de saber qué preparan las Farc y Cuba contra nuestro país y contra nuestro futuro como nación libre.

El aspecto más sombrío del diálogo con Yamid Amat es que el Fiscal trató de convencer a la opinión que la mayor amenaza contra la democracia no viene de las bandas narco terroristas que ensangrientan el país desde hace más de 50 años, y que dicen “negociar” en La Habana, sino de unos misteriosos grupúsculos que él no logra ubicar en el “espectro político”, cosa que, según él, “deben hacer los politólogos”, pero que él se atreve a calificar de “neofascistas”.

¿Qué hacen, cómo actúan esos “neofascistas” que tratan “como Hitler” de tomar el poder en Colombia? Esos grupos, responde Montealegre, hacen circular “falsos rumores”. Cinco veces él repite eso de los “falsos rumores”. ¿Fue así como Hitler se encaramó al poder? ¿Con rumores? Tal parece. El curioso historiador Montealegre así ve las cosas. Genial.

Seamos serios. Con sus historias sobre los “neofascistas”, Montealegre pretende intimidar al pueblo uribista, a los millones de personas que van a votar por Oscar Iván Zuluaga y que, además, desconfían con razón del pacto vil que el actual Gobierno está realizando en La Habana con las Farc. Los trata de aplastar con un adjetivo, los trata de encasillar y de calumniar con el peor calificativo que se le puede dar a una persona: ser un “fascista”. Ante tal calificativo la represión más brutal aparece como lógica. ¿A eso está preparando el país en señor Montealegre con sus diatribas contra los fascistas”?

Ese es el meollo del problema. Montealegre perdió los estribos y abusó de su cargo. Insultar al país de esa forma no está en sus prerrogativas.  El no encontró otra salida diferente. Ante la masiva oposición que levanta la candidatura de JM Santos y las perspectivas que propone de cogobierno futuro con unas Farc más envalentonadas que nunca, que siguen asesinando todos los días para doblegar el espíritu de resistencia de los colombianos, el fiscal general pretende sofocar las opiniones críticas.

Montealegre ha dicho que los crímenes de guerra de las Farc (y por qué no los de lesa humanidad) deben ser amnistiados. El Montealegre que sale de la entrevista con Yamid Amat va más lejos: anuncia que debe ir a la cárcel todo aquel que se oponga a tal pacto. Eso es espeluznante.

Montealegre menoscaba la libertad de pensamiento, la libertad de transmitir y difundir libremente las informaciones. El convierte en “desinformación”, “rumores falsos” y “desestabilización” las críticas legítimas al proceso de paz. El ve todo eso como un “atentado grave contra la democracia y contra el Estado de derecho que no podemos permitir”. Eso es criminalizar el pensamiento en Colombia.

La oposición, para él, es ilegítima pues es de “ultraderecha” y, peor, es  “neofascista”. Montealegre imita a Vladimir Putin quien acusa de “neofascistas” a los que luchan en Ucrania y en Rusia por la democracia.  Es la misma postura de Nicolas Maduro: los jóvenes que luchan contra su dictadura, y contra la hegemonía cubana en Venezuela, son “fascistas” y tratados en consecuencia: a bala.

Montealegre utiliza el aparato de la fiscalía y del CTI para sembrar el terror. Tres semanas antes de la elección presidencial, sus agentes escogieron una víctima, un joven cibernauta que trabajaba con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Lo allanan, lo capturan, lo arrojan a un calabozo  y le ponen el cartel de “neofascista”. Montealegre anuncia que, además, van a embargar sus bienes (que le abrirá un proceso de extinción de dominio). Y que todos sus contactos  van a ser interrogados, como Luis Alfonso Hoyos, del Centro Democrático, y el mismo candidato Oscar Iván Zuluaga.

¿Y todo el mundo debe creer que esos son métodos normales? No, no lo son. Son métodos stalinistas, indignos de Colombia. Nunca antes nadie había hecho algo parecido, y mucho menos en periodo electoral.

En ese mismo envión, Montealegre anuncia que el presidente Álvaro Uribe deberá “comparecer ante la Fiscalía” y probar los obscuros negocios de JJ Rendón. ¡Fácil decir eso cuando se sabe que Montealegre dejó escapar a JJ Rendón de Colombia!  El fiscal se encarniza con quienes critican a Santos por valerse de ese obscuro JJ Rendón y no con quienes protagonizan ese escándalo.

Con tales gesticulaciones y amenazas, el fiscal trata de perturbar la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y la acción política del uribismo. Al hacer eso y al destilar en los medios el calificativo de “extrema derecha” y “neofascismo”, el alto funcionario interviene en política, rompe con su deber de imparcialidad e insulta su función.  

Montealegre habla del “proceso de paz”. No pronuncia nunca la palabra Farc, ni las atrocidades del narco-terrorismo. ¿Eso ha desaparecido de su imaginación? Estar a favor o contra el llamado proceso de paz es un derecho de los colombianos. Montealegre trata de censurar los espíritus, negar la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de transmitir y difundir libremente las informaciones.

Montealegre la emprende contra la Fuerza Pública. Dice que Sepúlveda le compraba y le vendía “información ilegal” a la Fuerza Pública. En un momento, Yamid Amad le hace ver que su enfoque no es claro. “No entiendo cómo [Sepúlveda] les compra información a miembros de la Fuerza Pública para vender esa información también a miembros de la Fuerza Pública...” señala el periodista. El fiscal responde: “Adquiere ilegalmente información privilegiada de la Fuerza Pública, la asocia con la propia información que tiene y saca un nuevo producto, que es que el que vende”.

¿Dónde está ese “nuevo producto”?  ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde circuló?  Montealegre no responde a eso pues Yamid Amat no lo interrogó al respecto. ¿Se trata del descubrimiento hecho por Sepúlveda sobre la relación que existe entre las Farc y el G2 cubano? Entonces, desde aquí, yo lo hago. Sírvase señor fiscal decir ¿dónde está ese “nuevo producto” que habría “sacado” Andrés Sepúlveda?  ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde circuló? ¿Qué contiene? ¿Cuánto recibió?

No podemos dejar que la idea de Montealegre se imponga. Las comunicaciones entre y de los terroristas anticolombianos no son un “secreto de Estado”. No deben ser protegidas por el Estado colombiano. Rechazo la idea de que toda violación a esa regla (no escrita en ningún código)  se paga con la cárcel y con la vida, pues la vida de Andrés Sepúlveda está siendo destrozada: le montan un proceso inicuo y lo quieren reducir a la miseria. ¿Ante la indiferencia de todos?

Calificar de crimen la investigación que Fuerza Pública podría hacer -- pues también la han reprimido por eso--, sobre las comunicaciones clandestinas de las Farc en La Habana es una extraña manera de proteger al Estado y a la sociedad abierta colombiana. ¿Cuál es su campo fiscal Montealegre?