El efecto perverso del sistema de pago de la leche

La aplicación de los ajustes anuales al precio del litro de leche sin bonificaciones que la industria debe pagar al proveedor, ha terminado desafortunadamente siendo descontado por estos en las bonificaciones voluntarias. Una práctica vergonzosa que los procesadores reconocen sin temor a sonrojarse. Esa es la queja reiterada y comprobada de los productores.   Efectivamente, entre 2013 y 2017 se realizaron cinco ajustes al precio pagado al proveedor de acuerdo con la fórmula señalada en la Resolución 017 de 2012, que establece el Índice Compuesto del Sector Lácteo (ICSL) y el cual debe actualizarse el 1ro de marzo de cada año. –Estamos en mora, ¿no? –.   Estas actualizaciones, de acuerdo a la información de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche de MADR, son acatadas por la industria procesadora en lo concerniente a precios sin bonificación.   Pero la situación es muy distinta cuando se revisa el comportamiento de los precios con las bonificaciones voluntarias.   Solo revisemos lo ocurrido en 2017. Mientras que el precio del litro de leche sin bonificaciones que le pagó el industrial al productor tuvo un aumento promedio de $62, las bonificaciones en promedio pasaron de $125 por litro en 2016 a $88 en 2017. Es decir disminuyeron $36.   En otras palabras, el incremento del litro fue efectivamente de $25, un alza apenas de 2,5% y no del 7% como determinó la actualización del ICSL para 2017.   De esta manera las bonificaciones voluntarias se convirtieron en el comodín de la industria para pagarle al ganadero lo que ella considera, perdiendo la naturaleza para la cual fueron creadas: estimular al productor a mejorar la calidad.   ¿Cómo se produce este fenómeno de subir el precio al productor sin aumentárselo? Porque la industria activa un mecanismo muy eficiente: cuando el ajuste anual que se realiza al ICSL es alto, las bonificaciones empiezan a disminuir.   La industria procesadora aduce que es por pérdida de calidad de la leche. En otros términos, se produce otro fenómeno y es que a todos los procesadores la calidad de la leche les disminuya al mismo tiempo.   Si es un incremento bajo o nulo, la industria gana; y si es alto, también gana, pues disminuye las bonificaciones voluntarias.   Quien no gana es el productor quien debe enfrentar costos de producción cada día mayores (en 2017 se incrementaron en promedio 8%, el doble de la inflación); asumir todos los riesgos para producir –que van desde los cambios climáticos, abigeato, extorsión, vías en pésimo estado, hasta los elevados costos financieros–, en un marco de TLC y exiguas políticas públicas para fomentar la competitividad   ¿Existirá concertación entre la industria para disminuir las bonificaciones voluntarias? Lamentable que fuese así, porque además dicha práctica va en contra de las leyes de libre competencia.   ¿Qué se espera entonces para el 2018?   Mucho me temo que este año el productor no tendrá, ni siquiera en el papel, un incremento justo en el precio que se le paga por litro. Muchos considerarían que la Resolución 017 de 2012 debería entrar a revisión.   Estoy de acuerdo. Sin embargo hagamos memoria. En 2015 dicha norma fue revisada, se realizaron mesas de trabajo y MADR le hizo el quite a las propuestas que planteaban los productores. A cambio, en este año, su respuesta fue la expedición de la Resolución 083 de 2018.   Es tiempo de revisar dichas normas para que sean acordes a las realidades sociales y económicas del productor, a sabiendas que ellos han mejorado calidad y productividad, lo contrario es perpetuar un desequilibrio en favor de la industria.