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Petro cerró su discurso ante el Congreso hablando de su Paz Total. No sé si fue que no le pusieron suficiente atención o si fue que la manipulación que suele hacer del lenguaje logró encubrir el veneno abundante que trae su planteamiento.
Cuando habló de paz hizo alarde de unos avances que no existen, de una supuesta reducción de la violencia absolutamente falsa, para lo cual acudió a la artimaña de mostrar unas estadísticas engañosas. Dijo que los éxitos de su Paz Total se pueden medir por la “disminución sustancial” del número de bajas del ejército y la policía, al punto que se han reducido, según él, en un 60% y un 55%.
Pretender engañar con esas cifras es otro irrespeto a la inteligencia de los colombianos, más aún cuando cualquiera entiende que, si llegaran a ser ciertas, ellas no se deberían a que sus tales ceses del fuego funcionen, ni a que el ánimo asesino de las organizaciones ilegales haya atenuado, sino a que las Fuerzas Armadas están, cada vez, más paralizadas y desmoralizadas por cuenta de las órdenes de no enfrentar a los criminales que han recibido directamente del Presidente de la República.
Nada tan sencillo de entender como que si las tropas no salen a enfrentar a los criminales, pues va a producirse, obviamente, una disminución de las bajas de soldados y policías. Pero esto no ocurre porque el gobierno haya logrado disminuir la violencia y avanzar hacia la paz, como lo afirma Petro, sino porque las organizaciones criminales crecen y crecen sin que nadie las enfrente, porque cada día amplían más las geografías de sus controles territoriales, porque cada día se aprovechan más de la impunidad cómplice que les tiene asegurada la perversa política de Paz Total.
Argumentar que su Paz Total ha sido un éxito, con base en esas cifras, es una actitud tramposa. Sobre todo, porque la sociedad está siendo víctima de un crecimiento salvaje de la inseguridad. Los asesinatos, las extorsiones, los secuestros, las emboscadas, los robos, los reclutamientos de menores, las invasiones de tierras, los bloqueos de carreteras, las violaciones sexuales, los paros armados, el narcotráfico, la minería ilegal, la injerencia de los grupos criminales en los procesos electorales, la protección de criminales en Venezuela, se han multiplicado contra los ciudadanos sin que el gobierno cumpla con su obligación constitucional de enfrentarlos. Ni siquiera cumple con el deber moral de intentarlo.
También dijo Petro en su discurso ante el Congreso que “la paz no es una negociación entre grupos armados”.
Sobre la afirmación, que “la paz no es una negociación entre grupos armados”, debo reconocer que no le entendí muy bien. Tal vez sea porque no me cabe en la cabeza que un presidente diga una cosa de esas. Primero, porque nunca he escuchado a nadie que haya dicho algo así, luego no podía estar contradiciendo a nadie. Segundo, porque es inaceptable que el presidente de la República iguale al Estado, que tiene la obligación de presentar, con los grupos armados ilegales de toda pelambre con los que negocia.
Es inaceptable. El presidente de la República no puede decir que el Estado es un grupo más de “una negociación entre grupos armados”. Eso lo podía decir Petro cuando no era presidente pero no podía seguir diciéndolo ahora que había jurado defender la Constitución y las leyes. De hecho, en su libro autobiográfico y en muchas otras declaraciones, Petro afirmó siempre que el Estado es un actor más del conflicto. No sólo eso. También afirmó que es el actor más asesino de todos.
Sabemos que una de las obsesiones íntimas de Petro consiste en que este es un Estado neoliberal con unas Fuerzas Armadas asesinas. No es en vano que nunca pierda la oportunidad de trinar que son las de los falsos positivos y las que bombardean niños. Sólo que a Petro se le olvida que ahora tiene la obligación de comportarse como el presidente del Estado constitucional que lo obliga a cumplir con la Constitución y las leyes, tal como lo juró el día de su posesión, y que las Fuerzas Armadas que tiene bajo su mando no son las Fuerzas Armadas asesinas que están en su cabeza sino las Fuerzas Armadas constitucionales que tienen por objeto cumplir con las funciones de soberanía, integridad territorial y protección institucional que les asigna la Constitución.
El Petro ideológico podía pensar lo que mejor le pareciera de las Fuerzas Armadas. Estaba en su derecho. Pero el Petro presidente, desde el 7 de agosto de 2022, ha debido cumplir con la obligación de asumir que se trata de las Fuerzas Armadas constitucionales. Y que fenómenos tan graves como los falsos positivos, así como otros delitos que se han cometido, son responsabilidad individual de los miembros de la institución que los cometieron, tal como lo ordena la Constitución y tal como han sido investigados y juzgados muchos de ellos. El Presidente Petro tenía la obligación de asumir que su deber era fortalecer a las Fuerzas Armadas para que pudieran enfrentar el crimen, y que no podía dedicarse, como lo ha hecho, a descabezarlas, paralizarlas y humillarlas.
Por eso es inaceptable. Por eso es inaceptable moralmente. Pero sobre todo, por eso es inaceptable constitucionalmente.
Los colombianos debemos aprender a distinguir mejor entre los escándalos que no pasan de llenar los titulares de prensa y las violaciones a la Constitución y las leyes. A nombre de la Paz Total el presidente Petro no solo ha tomado decisiones escandalosas, sino que también, o mejor, fundamentalmente, ha cometido actos contra la Constitución y las leyes que deben ser investigados y juzgados. De este aprendizaje depende, en buena medida, que seamos capaces de defender y salvar nuestra democracia y nuestra Constitución de las amenazas que la acechan.
La milicianización no solo es escandalosa. La milicianización es, por sobre todo, una estrategia que va contra la Constitución y las leyes.