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El desafío que tenemos como país es crear un ambiente institucional donde realmente exista una independencia que les garantice a los poderes públicos y a los funcionarios dirigir sus acciones con estricto apego a la ley, fundamentado en la evidencia técnica y alejado de las presiones políticas.
Infortunadamente, lo que hemos visto es que el sistema político colombiano se basa en una relación transaccional, donde los apoyos parlamentarios se transan o se transigen con dádivas presupuestales, con clientelismo, o escriturando entidades a partidos o gamonales. No podemos dejar que este sistema se siga perpetuando, ha llegado el momento de enfrentarlo. Habrá quienes crean que dar esta batalla es ingenuo, pero la realidad es que la nueva generación que quiere gobernar a Colombia quiere pasar esa nefasta página en la que dirigentes terminan contemporizando con los peores señores feudales del presupuesto. ¿Por dónde debería empezar el camino de la independencia institucional? Para empezar, necesitamos que no haya justicia espectáculo, y que los organismos de control no sean agentes oficiosos de los directorios políticos, garantizando además que quienes hayan ocupado la cabeza de los organismos de control no puedan aplicar a cargos de elección popular por cuatro años después de dejar el cargo. Colombia necesita un sistema donde haya total transparencia en las reuniones entre funcionarios de las distintas ramas del poder público, incluyendo a los organismos de control. Estas se deben reportar, comunicar y publicar. Si el país conoce sus agendas podrá imponer más controles. Los altos cargos públicos -ministros, magistrados, embajadores, etc.- deben ser confirmados mediante procedimientos de audiencia pública en el Congreso, para que puedan ser evaluados ante el país por su experiencia, su conocimiento y su trayectoria, y al mismo tiempo, garantizar la independencia de poderes. Las superintendencias y las comisiones de regulación deben contar con independencia política, los nombramientos deben ser a término fijo por cuatro años y sin aspirar a ningún otro cargo en la administración pública en los cuatro años subsiguientes. Y se les debe dar total autonomía presupuestal para no afectar su labor de seguimiento y sanción. Las hojas de vida de los representantes de las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado se deben someter al escrutinio público en una plataforma definida por la Presidencia. Debemos construir una muralla china entre poderes públicos, para que familiares de magistrados en las altas cortes o de congresistas que hayan intervenido en la nominación o en la elección de cabezas de organismos de control no puedan ser nombrados en las entidades frente a las cuales participaron o intervinieron. Los presupuestos deben ser transparentes, no deben existir partidas por regionalizar no determinadas, porque terminan convirtiéndose en la caja menor de los ministerios para transigir votos por contratos o recursos. Todas las partidas deben ser públicas.Hay más medidas que podemos tomar, pero esta agenda de independencia institucional es el comienzo del cambio. La Colombia que queremos construir empieza por garantizar la transparencia y la verdadera independencia de poderes, allí empieza la real transformación del país. * Precandidato presidencial CD El Colombiano, Medellín, 09 de octubre de 2017