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Las Leyes 26 del 59 y 5ª del 73 fueron verdaderos instrumentos de desarrollo rural, pero en los últimos tiempos de la Caja Agraria sirvió más para concentrar que para democratizar -pagaban solo los de ruana-, y en la era Finagro, que en el 2016 ajustará un cuarto de siglo, se volvió una mejor herramienta -¿cómo negarlo?-, sin que haya logrado consolidarse como apalancamiento eficaz del desarrollo rural integral, ese mandato constitucional que ha sido política pública de siempre, demanda reiterada de los gremios, promesa electoral incumplida y, ahora mismo, compromiso del Gobierno en La Habana.
La principal razón de esta menguada eficacia son los escasos recursos. Entre 2010 y 2014, Finagro colocó $31 billones, cifra que parece generosa, aunque equivale solo al 4 % del total de créditos para la economía, lo cual representa una inequidad intersectorial, pues la participación del sector agropecuario en el PIB -8 %- dobla esa cifra y, además, tal asimetría no se compadece con la prioridad de recuperar el campo.
A esta inequidad frente a lo rural, que es una constante del modelo de desarrollo desde hace más de medio siglo, se suman las fugas del crédito Finagro, a través de tuberías ocultas que se dejan ver cuando se desentrañan las grandes cifras.
La principal fuente de recursos de Finagro son los Títulos de Desarrollo Agropecuario, que son inversiones obligatorias para los bancos. Pero nuestro sector financiero, siempre eficiente, logró que se dejara un “tubito de escape”: la cartera sustitutiva, sospechosa desde la definición, pues todo aquello que sustituye algo no es ese algo. La leche de soya, para citar un ejemplo ganadero, parece leche pero no lo es; la cartera sustitutiva parece crédito agropecuario, pero no lo es.
La norma les permite a los bancos sustituir la compra de TDA, es decir, la entrega de efectivo a Finagro para prestarles a los productores en “condiciones especiales”, como ordena el artículo 66 de la Constitución, por los préstamos que hagan dentro de las líneas de crédito Finagro, pero con sus recursos y condiciones.
Las líneas Finagro, por su parte, tienen también su “tubo de escape”, pues, dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras. Por esa vena rota se están fugando los recursos para el productor primario.
Primera fuga. En 2007, solo el 22 % de las colocaciones correspondía a cartera sustitutiva. Hoy, de los $3,1 billones colocados al mes de mayo, $2,2 billones (71 %) son sustitutivos, y de esta cifra, el 65 % se destinó a comercialización y servicios de apoyo.
Segunda fuga. La cartera sustitutiva de los bancos es más discriminatoria frente a los pequeños productores. De los $770 mil millones (el 29 %) que le quedaron al eslabón primario al mes de mayo, menos de $7.000 se dirigieron a pequeños.
Tercera fuga. Mientras el productor paga tasas de DTF+9, DTF+10, las cobradas a los grandes comercializadores o industriales son más económicas (DTF+1, DTF+ 2). Claro, es menos riesgoso prestarle al Éxito, a un gran molinero o procesador de lácteos, que a un anónimo y vulnerable cultivador de arroz o productor de leche.
Se le quitan recursos al que produce, para dárselos con facilidades al que provee, procesa y vende. Pero hay una luz en el camino. El presidente de Finagro, Luis Enrique Dussán, tiene gran disposición para revisar integralmente el Crédito Agropecuario y reorientarlo hacia su objetivo natural: el productor primario. Esperemos que así sea.